El gobierno de Illa ha reforzado su estrategia para impulsar el uso exclusivo del catalán. Una de las acciones más destacadas viene del consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, quien ha anunciado nuevas medidas y recursos para priorizar el catalán en los comercios. Este plan busca que los negocios cumplan con la normativa de rotulación y atención en catalán, una cuestión que ha generado sanciones a los establecimientos que solo emplean el castellano. Aunque las multas, que en 2022 alcanzaron los 112.606 euros, no se incrementarán, se mantendrán y se fomentará el diálogo con los comerciantes.
Al mismo tiempo, Esther Niubó, consellera de Educación, ha dejado claro que el gobierno continuará desobedeciendo las sentencias que exigen un 25% de castellano en las aulas, sin importar el fallo pendiente del Tribunal Constitucional. Paralelamente, Vila ha defendido el plan de choque para el catalán debido a la «delicada situación» de la lengua, subrayando que la creación de su consejería es una «victoria de país». Como parte de este esfuerzo, también se lanzará un enfoque proactivo con el programa Comerços aprenents, mediante el cual se enviarán profesores de catalán a los comercios para formar a sus empleados en la atención al cliente en catalán.
Vila, que ya desempeñaba este papel bajo el mandato de Aragonès, insistió en que el catalán necesita una protección más firme, ya que «muchos comercios no cumplen con la normativa lingüística». Además, se pondrán en marcha campañas «puerta a puerta» para informar a los comerciantes sobre sus deberes lingüísticos. En tono distendido, Vila comentó que el objetivo es evitar situaciones en las que «pidas un café con leche y te traigan un café con hielo», resaltando la importancia de garantizar un servicio adecuado en catalán en los establecimientos de Cataluña.
