El presidente catalán, Salvador Illa, ha comenzado a implementar su plan lingüístico con el objetivo de impulsar el uso del catalán y convertirlo en la lengua obligatoria en toda la comunidad autónoma. Dentro de este plan, se incluyen medidas que contemplan sanciones para las empresas que no utilicen el catalán o que no ofrezcan atención en este idioma a sus clientes.
El plan establece que los comercios que no rotulen ni presten sus servicios en catalán serán penalizados. Para garantizar su cumplimiento, se realizarán inspecciones en establecimientos y empresas privadas. Illa ha justificado esta medida argumentando que los catalanoparlantes experimentan «estrés» cuando visitan comercios que no tienen carteles o anuncios en catalán.
Con este enfoque, Illa busca promover el uso del catalán y ha afirmado que los hablantes de español «pueden dejar de usar» su lengua si no se «normaliza» el uso del catalán en el ámbito privado.
El documento presentado por Illa, orientado a potenciar el uso del catalán y relegar el español a un segundo plano en términos lingüísticos, señala: «Si la configuración de la oferta hace que acceder a un producto en catalán implique un esfuerzo muy superior a hacerlo en castellano, el consumo en catalán se reducirá. Incluso aquellas personas que superen la presión del contexto y utilicen el catalán tenderán a hacerlo en una situación de incomodidad o estrés».
Illa propone un plan para hacer una persecución del español
Para evitar el estrés que sufren los catalanes al no poder usar su lengua en los establecimientos e impulsar el uso del catalán, el presidente catalán Salvador Illa considera que la mejor solución es endurecer las inspecciones lingüísticas. Illa sostiene que es necesario garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en empresas y comercios, abarcando aspectos como la rotulación, el etiquetado, la atención al público y la oferta de servicios.
Para llevar a cabo estas medidas, Illa planea dotar a los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de estos derechos con el personal y los recursos necesarios, aumentando así los controles sobre las organizaciones privadas en materia lingüística. Según Illa, la persecución del uso del castellano no es algo escandaloso, sino una medida necesaria para evitar que los catalanes se sientan incómodos al hablar su lengua.
El gobierno catalán argumenta que, aunque el catalán es una lengua oficial, si una oficina, un establecimiento comercial o un centro de salud transmite la percepción de que hablar en catalán es algo anómalo o, peor aún, conflictivo, la mayoría de los hablantes renunciará a su derecho a utilizarlo.
