La lengua catalana ha sido uno de los puntos clave en el pacto de investidura de Salvador Illa, acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el partido independentista ERC. Como resultado de este acuerdo, Salvador Illa ha impulsado un plan lingüístico que ha generado una mayor controversia.
Este plan incluye medidas como el incremento de controles e inspecciones en comercios y empresas que no utilicen el catalán en su rotulación ni ofrezcan servicios en esta lengua a sus clientes. El Ejecutivo de Illa considera estas medidas “necesarias” y ha afirmado que los catalanes “podrían dejar de usar el catalán” si no se “normaliza” en el ámbito privado.
Salvador Illa ha justificado estas imposiciones a los comercios catalanes argumentando que el “régimen actual”, junto con los movimientos migratorios y la expansión del inglés, ha provocado una pérdida lingüística en Cataluña. En su informe, Illa subraya que “no puede perderse de vista que el catalán compite con dos de las lenguas más importantes del mundo contemporáneo, el castellano y el inglés, lo que incrementa enormemente la presión sobre el idioma”.
Con este pretexto, el líder del PSC propone “una intervención ambiciosa” liderada por los poderes públicos, que contempla medidas como el fortalecimiento del catalán en las aulas y en las administraciones públicas. Sin embargo, su plan va más allá, ya que desde el Gobierno autonómico de Cataluña también se insta al sector privado a unirse en la promoción y expansión del uso del catalán, incluyendo su participación en las inspecciones lingüísticas.
El PSC perseguirá a los comercios que no hablen en catalán
El plan elaborado por Salvador Illa recoge explícitamente la necesidad de «garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio, como por ejemplo la rotulación, etiquetado, atención al público y oferta de servicios».
Para implementar este control sobre el uso del catalán en empresas y establecimientos, Illa se compromete a dotar a los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de estas medidas con el personal y los recursos necesarios. Además, pretende intensificar los controles en las organizaciones privadas para asegurar un uso pleno del catalán.
Aunque esta medida ha generado polémica, Salvador Illa la considera esencial para que los catalanes se sientan cómodos y puedan expresarse en su lengua propia. La Generalitat de Cataluña, por su parte, defiende que el catalán es su lengua oficial, y advierte que si los comercios o establecimientos transmiten «la percepción de que hablar en catalán es algo anómalo o, peor aún, conflictivo, la mayoría de los hablantes renunciará a su derecho de utilizarlo«.
