El Partido Popular (PP), bajo la dirección de Feijóo, se enfrenta a un dilema sobre la reforma de la Ley de Extranjería. Este asunto se torna particularmente relevante dado que el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo 23 de julio una proposición de ley que busca abordar la crisis migratoria actual en España. La postura del PP sigue siendo incierta, con el partido reservándose la decisión sobre su voto hasta el último minuto, en espera de que el Gobierno cumpla con sus demandas.
La proposición de ley en cuestión ha sido presentada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria con el objetivo de establecer mecanismos obligatorios para el reparto de menores migrantes en el territorio nacional, particularmente ante el colapso actual en Canarias. La medida busca afrontar de manera más equitativa el flujo de menores no acompañados y aliviar la presión sobre las regiones más afectadas. Sin embargo, para que la proposición avance, se requiere al menos una abstención del PP, que hasta ahora se mantiene en una postura de rechazo condicionado.
El PP considera que la situación migratoria no solo afecta a Canarias, Ceuta y Melilla, sino que debe ser abordada a nivel nacional. El partido sostiene que la reforma propuesta no es suficiente y necesita ser mejorada sustancialmente. En este sentido, ha presentado un conjunto de exigencias al Gobierno para considerar su apoyo. Entre estas exigencias se incluyen la declaración de emergencia migratoria en todo el país, no solo en las regiones más afectadas; una mayor financiación para las comunidades autónomas; un aumento en el control de las fronteras; y la implicación directa del Gobierno en la gestión de menores migrantes.
Desde la sede del PP en Génova, se ha criticado el enfoque del Gobierno en la tramitación de la reforma. El partido argumenta que la propuesta debería haber sido presentada como un proyecto de ley en lugar de una proposición, lo que permitiría contar con informes jurídicos consultivos que clarificarían las medidas propuestas y su viabilidad. Además, el PP ha señalado que el Gobierno debería haber convocado una Conferencia de Presidentes para consensuar la legislación con las comunidades autónomas y con el principal partido de oposición, a fin de obtener un acuerdo más amplio y duradero.
El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha sido el encargado de transmitir estas demandas al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El documento remitido incluye la exigencia de que el reparto de menores se realice de manera obligatoria para todas las comunidades autónomas sin excepción, y no se permita la evasión del compromiso mediante transferencias de competencias, como ha sido el caso con el rechazo de Junts en Cataluña.
La estrategia del PP
El PP ha adoptado una postura estratégica en la que ha expresado que, si el Gobierno solo busca «poner parches» y repartir el problema sin una solución estructural, no contará con su apoyo. Feijóo ha enfatizado que la reforma debería ser parte de un plan nacional integral sobre inmigración, que incluya medidas de largo plazo y no soluciones temporales.
El entorno de Feijóo ha indicado que están «tranquilos» con su posición, pues consideran que es «coherente» y que el Gobierno está más enfocado en «enfrentar y repartir culpas» entre las autonomías que en buscar una solución verdadera. Feijóo ha dejado claro que el PP no será el salvavidas del Gobierno, especialmente dado que la reforma ha sido negociada con Sumar y no con el PP. En este sentido, el partido ha instado al Gobierno a buscar el respaldo de sus socios de investidura, como ERC y Junts, para avanzar con la reforma.
