Inma, una propietaria de Murcia, logró desalojar a los okupas de su vivienda aprovechando el breve período de seis días en que el decreto ómnibus quedó suspendido, tras ser rechazado por los votos en contra de PP, Vox y Junts. Apenas una semana después, el PSOE anunció que el decreto seguiría adelante tras una negociación in extremis con Junts.
Su caso se ha convertido en una excepción en un país donde la ocupación ilegal sigue en aumento. Mientras tanto, en lugar de facilitar el desalojo de okupas, el PSOE parece dar la espalda a los propietarios y arrendadores, generando cada vez más incertidumbre en quienes buscan proteger su vivienda.
Inma ha conseguido recuperar su vivienda gracias a la rapidez del juez que llevó su caso; logró recuperar su casa tras cuatro años y tres meses de lucha. “Estoy muy feliz, pero a la vez me siento fatal. Nos ha costado muchísimo sufrimiento, pero estuvimos en el lugar y momento adecuado. Aun así, hay mucha gente que sigue atrapada en esta pesadilla y este nuevo decreto es otro mazazo”, ha declarado Inma al diario LibreMercado.
Su problema comenzó en 2020, cuando comunicó a su inquilina que necesitaba la vivienda por motivos laborales. Inma y su marido buscaron otras alternativas a su inquilina, pero esta las rechazaba todas, justificando que el piso no tenía trastero o que no le gustaba la distribución de los dormitorios.
Debido a la actitud de su inquilina, le anunciaron que procederían a denunciarla y esta les advirtió de la argucia legal que iba a llevar a cabo: “Me han dicho que, si me declaro vulnerable, nadie me podrá echar”.
La inquiokupa pudo quedarse en la vivienda porque tenía el certificado de vulnerabilidad
El proceso judicial se paralizó en 2021, cuando los servicios sociales le concedieron el certificado de vulnerabilidad de forma inmediata, sin comprobar realmente si esta cumplía los requisitos. Gracias a este certificado se bloqueó el proceso de desalojo. Durante más de dos años, Inma y su familia se vieron obligados a seguir manteniendo los gastos de la vivienda mientras se les negaba cualquier posibilidad de recuperar su propiedad.
Enhorabuena a Inma, q ha sabido aprovechar los 6 días de de derogación del decreto para recuperar su vivienda tras 5 años de inquiokupación. Seguimos luchando por todos #leyantiocupas pic.twitter.com/kiTX23vwNz
— Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) January 29, 2025
Inma decidió investigar y descubrió que Servicios Sociales no revisa de oficio la situación de quienes reciben la vulnerabilidad. “Me dijeron que una vez concedida, nadie la vuelve a comprobar, aunque la persona gane cuatro veces el mínimo exigido o incluso le toque la lotería”, explica.
Los abogados de Inma consiguieron que el juez solicitara una revisión del caso. Posteriormente, se descubrió que la inquilina nunca presentó la documentación requerida para poder tener el certificado de vulnerabilidad, ya que sus ingresos superaban por mucho el límite de lo establecido.
Finalmente, el juez dictaminó el desalojo inmediato e Inma ha conseguido recuperar su vivienda: “Voy a vender mi casa mañana mismo, no espero ni un día más”, asegura. “No volveré a alquilar ni tampoco recomendaría denunciar, porque esto se enquista. No soy un escudo social. Trabajo para mantener a mi familia, no a otra persona”.