Una reciente instrucción del Ministerio del Interior impide sancionar administrativamente el consumo de drogas en vehículos privados estacionados, lo que ha generado fuertes críticas por parte de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, quienes advierten sobre riesgos para la seguridad ciudadana y vial.
La instrucción 7/2025, emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad, ha desatado una oleada de rechazo entre los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil. Denuncian que esta medida “normaliza” el uso de estupefacientes en espacios que antes estaban sujetos a sanción, debilitando la autoridad policial y comprometiendo la seguridad en las calles y carreteras.
El documento, al que ha accedido Europa Press, excluye de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ‘ley mordaza’— el consumo y la tenencia de drogas dentro de vehículos privados aparcados. Según Interior, esta interpretación se basa en sentencias recientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, lo que implica que no se podrá multar si no hay circulación ni transporte colectivo.
Esto significa que, mientras el coche esté estacionado, los agentes no podrán intervenir, aunque el consumo de drogas sea evidente.
El sindicato Jupol advierte en un comunicado que esta nueva directriz proyecta una imagen de permisividad que podría derivar en más accidentes y aumentar la inseguridad. “Lejos de contener el problema, puede amplificarlo”, subrayan. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por su parte, considera la medida una “enorme irresponsabilidad” que ignora la experiencia diaria de los agentes. Aseguran que permitir el consumo en vehículos aparcados deja la puerta abierta a que un conductor bajo los efectos retome la conducción, con consecuencias potencialmente fatales.
“Después de dos porros y cuatro rayas, puedes irte a casa tranquilo. Si matas a alguien por el camino, que le pidan cuentas a Interior”, sentenció un portavoz del SUP, en una de las críticas más duras recogidas. Además, denuncian que esta instrucción desacredita el trabajo de prevención y control de drogas al volante que desarrolla la Dirección General de Tráfico.
La Confederación Española de Policía (CEP) recuerda que durante la última década nunca se había cuestionado el artículo de la ley que sanciona el consumo de drogas en espacios públicos. Acusan al Gobierno de una interpretación “hiperactiva y selectiva” de la ley para satisfacer a sus socios políticos, a costa de la seguridad ciudadana. “Se abre la puerta a que cualquier persona consuma drogas en plena vía pública, delante de menores, sin consecuencias”, alertan.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha expresado su rechazo frontal. Sostienen que esta instrucción crea un vacío legal al considerar el vehículo aparcado un espacio privado protegido, lo que impide a los agentes intervenir salvo en casos de transporte colectivo o circulación.
Desde la AUGC critican que se está legislando “de espaldas a la realidad diaria” y sin sentido común. “Esta instrucción convierte los coches aparcados en refugios de impunidad”, denuncian, subrayando que la falta de herramientas legales para actuar ante el consumo de drogas deteriora aún más la seguridad pública.
