La asociación Iustitia Europea, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que impute al exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, José Luis Ábalos, dentro del caso Koldo, debido al contenido que salió a la luz después de realizarle la polémica auditoria, gestionada por su partido, el PSOE.
La acusación popular ha mandado un escrito en el cual atribuye a Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto, los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude administrativo. Iustitia Europea, señala que la auditoría a la que se sometió Ábalos, tiene que ser incluida para aportarla como causa debido a que se “desprenden indicios que señalan cómo se pudieron aprovechar la normativa de emergencia durante el COVID-19, y se pretendió burlar el derecho administrativo con resoluciones que eran objetivamente contrarias a derecho”.
La auditoría a la que se enfrentó Ábalos fue encargada por el propio departamento que dirige ahora su sucesor Óscar Puente. Con el fin de analizar los dos contratos que se llevaron a cabo desde el Ministerio y comprar varias partidas de mascarillas a la empresa del caso Koldo. En esta auditoría se ha conocido que el número de la compra de mascarillas se amplió de 4 a 8 millones de unidades en 38 minutos, cuando ya se había firmado la primera orden ministerial del 20 de marzo de 2020.
Ábalos podría se imputado dentro del caso Koldo
En el escrito enviado por la asociación que se presenta como acusación popular, destacan que se llevó a cabo el aumento de la compra debido a que fue una orden ministerial en 4 millones más, utilizando como justificación el “derecho de emergencia”. Por otro lado, señalan que el segundo motivo para incluir a Ábalos dentro de la investigación de caso Koldo, es que la adjudicación a Soluciones de Gestión “se prostituyó a través del fraude consistente en encargar al único contratista, arbitrariamente elegido, que debía procurar las condiciones por él ofrecidas”.
Según estas dos premisas, Iustitia Europea afirma que “indiciariamente se desconoce el destino de millones de mascarillas y, por consiguiente, de millones de euros de los españoles, al no constar actas, albaranes o comprobantes de entrega de las mismas”.
También destacan que “Partiendo de estas evidencias”, continua el escrito, “existen indicios de que el Sr. Ábalos Meco, indiciaria y presuntamente abusando de las funciones de su cargo y actuando de forma desleal sobre el patrimonio administrado, dispuso de aquél sin realizar valoración objetiva alguna a la hora de adjudicarle los contratos, indebidamente, a Soluciones de Gestión, con un claro perjuicio al erario público de todos los españoles”.
