En un desarrollo significativo dentro de la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa (IE) y exconsejero madrileño. La imputación surge tras la negativa de Güemes a reconocer que la contratación de Gómez se realizó por su condición marital con el jefe del Ejecutivo.
Durante las audiencias, el juez Peinado alegó que Güemes desmintió las declaraciones de Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del IE. Gil de Antuñano había afirmado que Güemes ordenó la contratación de Gómez específicamente por ser «la esposa del presidente del Gobierno». Sin embargo, los audios obtenidos por RTVE y parcialmente difundidos por La Hora de La 1 revelaron que Gil de Antuñano no detalló las razones de la contratación, mencionando únicamente que fue a petición de «Juan José Güemes, el vicepresidente económico» y que ella no participa en los procesos de selección de personal.
En su declaración, Güemes sostuvo que la contratación de Gómez se basó en su sólido currículum y experiencia en marketing, destacando su trayectoria académica en la Universidad Complutense de Madrid desde 2012 y su contribución al Centro de África del IE. «No se contrató a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno», afirmó Güemes, negando categóricamente las alegaciones del juez.
El juez Peinado confrontó a Güemes sobre la veracidad de las declaraciones de Gil de Antuñano, sugiriendo un posible delito de falso testimonio. Güemes respondió que desconocía las afirmaciones de su compañera y defendió que las instrucciones para contratar a Gómez provenían de su posición jerárquica. Este intercambio ha intensificado las tensiones políticas entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso.
En un punto clave de las declaraciones, Gil de Antuñano explicó que en el IE no se realiza un «control de horas» de los directivos contratados, sino que se mide por resultados. Además, detalló que desde 2018 el IE adoptaba un «mix» de trabajo presencial y teletrabajo, lo que sorprendió al magistrado. También indicó que Begoña Gómez dejó el IE en 2022 por petición propia, alegando «motivos personales».
Las investigaciones continúan para esclarecer las verdaderas motivaciones detrás de la contratación de Begoña Gómez y determinar si existió un uso indebido de la influencia política en el proceso. Mientras tanto, el caso ha captado la atención nacional, con analistas políticos advirtiendo sobre posibles repercusiones en la imagen pública de las figuras involucradas.
