Coche de la Guardia Civil. Fuente: GUARDIA CIVIL
La nueva orden del Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha provocado el enfado de las principales asociaciones policiales, y no es para menos. Marlaska ha dado luz verde a una instrucción que permite a los ciudadanos consumir drogas en el interior de un coche sin recibir la correspondiente sanción.
Una medida que asociaciones como Jucil ya han denunciado por la peligrosidad que conlleva, debido a la exposición al riesgo en la que quedan las vidas de las personas en la carretera. Esta orden de Marlaska podría llegar a derivar en una tragedia en la carretera.
La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, considera que esta orden supone un “llamamiento al consumo de sustancias estupefacientes en espacios donde debería garantizarse la seguridad ciudadana”. Por este motivo, desde Jucil han anunciado que van a presentar de manera inminente un recurso contra la Instrucción 7/2025, emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a la tenencia o consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en vehículos privados estacionados.
Una vez analizado el contenido de la citada instrucción y tras consultar a sus servicios jurídicos, JUCIL considera que esta norma representa un grave error legal y de política de seguridad, al garantizar de facto la impunidad en el consumo y posesión de sustancias ilícitas en el interior de vehículos particulares estacionados, siempre que no estén destinados al tráfico.
Según la instrucción, el Ministerio del Interior interpreta que la posesión o consumo de estas sustancias, dentro de vehículos detenidos y utilizados exclusivamente como medio de transporte, no se encuadra en ninguna infracción administrativa tipificada en la legislación vigente. Asimismo, insta expresamente a los agentes a no intervenir en estos casos.
La nueva orden de Marlaska fomenta el consumo de drogas
Desde JUCIL se rechaza esta interpretación “extraordinariamente extensiva” del concepto de domicilio, al entender que no se ajusta al marco legal ni a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional.
En la práctica, denuncian, esta medida permite el consumo y tenencia de drogas en plena vía pública, incluso en zonas frecuentadas por menores, personas en rehabilitación, o colectivos vulnerables, con total impunidad, siempre que se haga dentro de un coche estacionado, a la vista de todo el mundo, menores incluidos.
Además, JUCIL advierte de que esta permisividad podría ser aprovechada por pequeños traficantes o grupos organizados para fomentar el consumo puntual en espacios públicos, lo que, según destacan, constituye la antesala de la adicción, la delincuencia asociada al consumo, especialmente el incremento de narcotráfico, y los daños irreparables que estas sustancias provocan tanto en los consumidores como en sus entornos familiares.
Por todo ello, JUCIL presentará un recurso contra la Instrucción 7/2025 y solicitará la suspensión cautelar de su aplicación. La asociación reitera su compromiso con la legalidad, la salud pública y la seguridad ciudadana, y anuncia que llevará este recurso hasta las últimas consecuencias.
