Fuente: JUCIL
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el seno del Instituto Armado, ha interpuesto el pasado 28 de febrero dos querellas judiciales por presuntos delitos de injurias, calumnias y revelación de secretos contra cinco antiguos integrantes de la organización, entre ellos el exsecretario de Comunicación, Agustín Leal.
Las querellas presentadas tanto en nombre de la asociación como a título personal por su secretario general, Ernesto Vilariño, han sido motivadas por una campaña de desprestigio orquestada contra la dirección nacional de JUCIL.
Según se detalla en la documentación remitida al Juzgado de Instrucción nº 1 de León, que ya ha admitido a trámite una de las querellas, los querellados habrían vertido acusaciones falsas contra la cúpula directiva de la asociación, imputando presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y otros, con el aparente objetivo de provocar una crisis interna que favoreciera un relevo en la dirección.
En respuesta a estas acusaciones, JUCIL ha emprendido acciones legales por considerar que dichas afirmaciones, difundidas tanto por canales internos como a través de medios públicos, dañan gravemente el honor y la reputación de la asociación y de sus responsables, y constituyen un intento deliberado de socavar la unidad y estabilidad del colectivo.
Como reacción a las querellas, las cinco personas señaladas presentaron una denuncia ante los juzgados de León, la cual ha sido provisionalmente archivada mientras se solicita información complementaria al secretario de Finanzas de JUCIL.
Actualmente, no existe ninguna causa penal abierta contra la actual dirección de la asociación. El Juzgado de Instrucción nº 3 de León se ha limitado a la práctica de diligencias previas.
El comité ejecutivo nacional de JUCIL ha manifestado públicamente su respaldo a Ernesto Vilariño, quien cuenta además con el apoyo expreso de la mayoría de los secretarios provinciales que han suscrito un documento de condena a las actuaciones de Agustín Leal y los otros implicados.
Cabe destacar que Leal dimitió de su cargo en diciembre de 2024 y que, tras la realización de reuniones informativas y el inicio de una auditoría externa en enero, solo cinco de los supuestos 21 miembros iniciales de la plataforma crítica permanecen activos en la misma.
Los cinco exmiembros denunciados han sido expedientados
Adicionalmente, los implicados han sido objeto de expedientes disciplinarios por actos considerados desleales, conforme a los estatutos de la asociación, los cuales han derivado en su separación de funciones. Una segunda causa disciplinaria se encuentra actualmente en curso.
Las conductas denunciadas podrían acarrear penas de hasta dos años de prisión y sanciones económicas de acuerdo con el Código Penal español, que prevé un agravante cuando los delitos de calumnias e injurias se cometen con publicidad. Además, los afectados podrían enfrentarse a procedimientos disciplinarios en el seno de la Guardia Civil, donde ya constan antecedentes disciplinarios abiertos, especialmente en el caso de Agustín Leal, cuya situación podría derivar en la separación definitiva del servicio.
Desde JUCIL han reiterado su compromiso con la legalidad, la transparencia y la unidad de la Guardia Civil. El secretario general, Ernesto Vilariño, ha asegurado que la organización seguirá defendiendo su honor institucional. “Llevamos seis años dejándonos la piel en defensa de los derechos de los guardias civiles, saliendo a la calle con movilizaciones y reclamando lo que por justicia nos pertenece, como la equiparación salarial, y lo vamos a seguir haciendo. Quien juega con el honor y la lealtad que nos precede como guardias no es bienvenido en JUCIL”, han declarado.
