Fuente: JUCIL
La asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, ha expresado su profunda preocupación por la situación de desabastecimiento de munición que afecta al cuerpo y ha exigido explicaciones inmediatas a la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC).
La alarma se produjo tras la reunión de la Comisión de Riesgos Laborales del Pleno del Consejo del Cuerpo, donde se confirmó que la ejecución del contrato de suministro de munición se encuentra actualmente bloqueada.
El contrato, adjudicado formalmente a tres empresas, dos de los lotes a la israelí Guardian Homeland Security S.A. y uno más a una firma no israelí, está pendiente de anulación por razones políticas ajenas a la DGGC, según la propia administración. La rescisión unilateral de dicho contrato, según las explicaciones ofrecidas, supondría un problema legal significativo al haber cumplido la adjudicataria con todos los requisitos estipulados, lo que podría acarrear una indemnización económica al Estado aún sin asignación presupuestaria clara.
JUCIL ha advertido que la escasez de munición compromete directamente la preparación táctica y operativa de los agentes, reduciendo tanto el número de ejercicios de tiro como la cantidad de cartuchos disponibles por agente. Esta situación, agravada desde noviembre de 2024, impacta especialmente en unidades especializadas, afectando a la seguridad de los propios efectivos y de la ciudadanía.
La asociación ya había remitido un escrito a la DGGC el pasado 28 de abril solicitando explicaciones formales sobre esta problemática y la posible cancelación del contrato. Asimismo, subraya la incertidumbre que genera esta situación en un contexto presupuestario ya debilitado, con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados por tercer año consecutivo y sin avances en cuestiones clave como la equiparación salarial o la reposición de efectivos.
La cancelación del contrato con la empresa adjudicataria israelí puede acarrear un importante perjuicio
El contrato inicial, licitado en febrero de 2024, preveía la entrega de 19,8 millones de cartuchos de 9 mm parabellum entre 2025 y 2027, con un presupuesto de 8.276.400 euros. La suspensión del contrato pone en riesgo este calendario de suministros, lo que podría retrasar más de un año la recepción del material si se reinicia el proceso de licitación.
Ante esta situación, JUCIL ha solicitado a la DGGC información oficial y detallada sobre los motivos de la cancelación, el stock actual de cartuchería 9 mm, las previsiones de un nuevo concurso público y los planes de contingencia existentes, así como el posible impacto presupuestario de las indemnizaciones derivadas de la anulación del contrato.
Finalmente, JUCIL exige a la Administración una respuesta urgente y transparente, recordando que la falta de medios materiales, la deficiente formación y el deterioro institucional contribuyen al debilitamiento de la seguridad ciudadana. Por ello, reitera su demanda de que la profesión de guardia civil sea reconocida como de riesgo.
