Guardia Civil en Cataluña
En un giro inesperado dentro del panorama político catalán, varios ayuntamientos gobernados por Junts, formación tradicionalmente independentista, han manifestado su rechazo al proceso de retirada de la Guardia Civil de Cataluña impulsado desde el Gobierno central.
El Consell Comarcal de la Cerdanya aprobó este miércoles una moción que solicita expresamente la permanencia de este cuerpo en la zona, subrayando la importancia de sus unidades especializadas, en particular el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), cuya labor ha sido determinante en la defensa del entorno natural pirenaico.
La moción fue aprobada tras una reunión entre el Consell Comarcal y representantes de JUCIL, la asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil, encabezada por su secretario general, Ernesto Vilariño. En ella se recoge la preocupación por la pérdida de capacidades operativas que supondría la retirada del SEPRONA y otras unidades clave en el territorio, como los servicios de Intervención de Armas y el área Fiscal y de Fronteras.
El presidente del Consell, Isidri Chia Trilles, se mostró favorable a extender esta solicitud al conjunto de comarcas pirenaicas –entre ellas, Alt Urgell, Ripollès o la Val d’Aran–, donde la vigilancia ambiental y la seguridad fronteriza revisten un papel fundamental dada la singularidad geográfica y ecológica del territorio. Chia subrayó que “prescindir de la Guardia Civil en estos ámbitos es comprometer la sostenibilidad y la legalidad en una zona extremadamente vulnerable y valiosa”.
La posición adoptada por Junts marca una diferencia con respecto al discurso habitual de los sectores independentistas, al priorizar los intereses ambientales, sociales y de seguridad frente a los posicionamientos ideológicos. La formación justifica su postura en la amenaza real que implicaría el desmantelamiento del SEPRONA, una unidad policial medioambiental pionera a nivel mundial desde su creación en 1988.
La Cerdanya, con un entorno privilegiado que incluye el Parque Natural del Cadí-Moixeró, enfrenta riesgos crecientes relacionados con la actividad humana, el cambio climático y las prácticas ilegales como la caza furtiva o el vertido de residuos.
Según argumentan tanto Junts como JUCIL, eliminar el SEPRONA supondría “un debilitamiento estructural de la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales y una invitación a la impunidad en delitos ecológicos”.
La formación independentista catalana aboga por la permanencia del SEPRONA
Además, la moción rechaza la transferencia de competencias de los servicios de Intervención de Armas y Fiscal y de Frontera a otras administraciones, advirtiendo que esta medida podría derivar en un incremento del contrabando, tráfico de personas, narcotráfico y blanqueo de capitales, al dejar sin cobertura especializada a puntos estratégicos de acceso a la comunidad autónoma.
En la moción presentada, Junts per Catalunya expresó también su oposición a la transferencia de competencias de los servicios de Intervención de Armas y de Fiscal y de Fronteras del cuerpo policial.
Desde JUCIL se ha reiterado que los cuerpos que hipotéticamente asumirían estas funciones “no cuentan con formación ni efectivos suficientes”, lo que implicaría una sobrecarga de tareas y una merma general de la operatividad en zonas de difícil acceso como los Pirineos.
Esta postura pone en entredicho la estrategia del Ejecutivo nacional de reordenar las competencias de seguridad en Cataluña, abriendo un debate que trasciende las líneas ideológicas tradicionales y pone de relieve la complejidad técnica y social de decisiones que afectan al medioambiente, la seguridad y la gestión del territorio.
La permanencia de los agentes de la Guardia Civil en los municipios en los que gobierna Junts se ha producido apenas pocos meses después de que el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, haya reducido las competencias del SEPRONA en Cataluña.
