El PP y Junts han alcanzado un pacto para acabar con el impuesto sobre la producción eléctrica en España, un gravamen que supone entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año en recaudación. Lo han hecho después de que el líder del partido soberanista catalán Carles Puigdemont instara al presidente del Gobierno Pedro Sánchez a someterse a una moción de confianza. El acuerdo también llega en un contexto donde el sistema eléctrico está cerca de regresar al famoso déficit tarifario, con un superávit acumulado de 189 millones de euros.
PP y Junts han pactado volver a suspender este impuesto “con efectos desde el 1 de enero de 2025 y, en tanto el sistema no genere déficit de tarifa”. La orden de cargos que acaba de sacar a consulta el Ministerio para la Transición Ecológica cifra el superávit del ejercicio 2023, descontando los adelantos ya realizados durante el ejercicio, en 609.129 millones, pero calcula que para cerrar “en equilibrio” 2024, según la información aportada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se van a necesitar algo más de 420 millones. La diferencia, el remanente del superávit de años anteriores, es por tanto de esos 189 millones.
El partido que lidera la oposición y la formación catalana, que en varias ocasiones ha servido de sostén al Ejecutivo, acordaron incorporar una enmienda transaccional de última hora al informe de la ponencia del proyecto de ley sobre comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
La medida, según cálculos del PP, podría traducirse en un ahorro de 400 millones para las familias, 500 millones para las pymes y 200 millones para la gran industria. Es decir, un agujero de unos 1.100 millones de euros que el portavoz parlamentario del PSOE Patxi López eleva hasta los 1.500 millones.
Por ello, López ha asegurado que su grupo intentará “revertir” la propuesta, sin dar más detalles de posibles maniobras. “El trámite parlamentario sigue y nosotros intentaremos revertir esto”, ha zanjado. Por ahora, el PSOE ha desconvocado sine die la comisión que debía abordar la anulación del impuesto, inicialmente prevista para el jueves. Y buscan el apoyo de sus socios habituales para revertir la situación, algo que se antoja muy difícil dados los apoyos que logró el cambio propuesto por el PP y Junts.
El PSOE intentará que no salga adelante
Todavía está por ver si finalmente sale adelante. El Gobierno tiene la facultad de vetar las enmiendas a un proyecto de ley “que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”, pero su incorporación como parte del texto de la ponencia impide que el Ejecutivo pueda activar esta fórmula ya que llegará al Pleno no como enmienda, sino integrada en la proposición de ley.
Desde el otro socio de Gobierno, Sumar, ha reclamado al PSOE “que use los mecanismos parlamentarios” para impedir que se apruebe la enmienda. “Queremos mantener el impuesto”, ha dicho la portavoz, Verónica Martínez.
