Los juristas han alzado la voz contra la proposición de ley que el PSOE presentó el pasado viernes en el Congreso para reformar la acción popular. Todas las asociaciones de jueces, incluidas las consideradas afines a la izquierda, muestran su rechazo a una iniciativa que califican de «ley de impunidad ad hoc» para proteger al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El proyecto afecta directamente a las investigaciones judiciales abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.
Reforma con “nombres y apellidos”
La proposición de ley socialista limita, en primer lugar, el ejercicio de la acusación popular: partidos políticos y sus asociaciones no podrán personarse. Además, se inhabilitarán las querellas que se basen en recortes de prensa, algo que hubiese impedido la investigación del caso Bárcenas o Gürtel en el pasado. También se busca recusar a jueces que «se pronuncien políticamente» y se elimina el delito de ofensas religiosas. Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) critican esta reforma. Consideran que, tal como está planteada, ahonda en la sospecha de que se pretende salvaguardar a personas vinculadas directamente con Sánchez.
El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, resalta que la proposición de ley incluye una disposición transitoria única que la aplicaría a los procesos en curso. Para Oliva, esta medida viola el principio de generalidad de la ley y la exigencia de no legislar sobre casos judiciales abiertos. De esa manera, quedaría en suspenso la investigación contra Begoña Gómez y David Sánchez, así como el proceso en el que se ha personado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
“Autoamnistía” y críticas a la técnica legislativa
Diferentes penalistas, como José María de Pablo, consideran que la reforma no solo restringe la acción popular, sino que “se convierte en una autoamnistía ad hoc”. La abogada Guadalupe Sánchez describe la iniciativa como «una ley de impunidad». Otros juristas, como Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, defienden limitar el acceso de los partidos políticos a la acusación popular, pero critican que se exija demostrar interés público para ejercerla.
Varios expertos, como el catedrático de Derecho Penal Josep Maria Tamarit, valoran positivamente la idea de que se reduzca el ámbito de la acción popular y se elimine la posibilidad de que los partidos participen en los procesos penales. Sin embargo, llama la atención que la reforma no se impulse como un proyecto de ley, sino como una proposición del propio grupo socialista, con lo que se evitan informes preceptivos de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.
Denuncias de “ley mordaza”
Las asociaciones que ejercen acusaciones populares en casos de corrupción, como Hazte Oír o Manos Limpias, denuncian que la reforma del PSOE nace con la única finalidad de proteger a los cercanos al presidente. Califican el proyecto de «ley mordaza» y alertan de que, de aprobarse, restringiría un derecho recogido en el artículo 125 de la Constitución. Manos Limpias, personada en el procedimiento contra el hermano de Sánchez, habla de “fraude de ley” y defiende que la notitia criminis procede, en muchas ocasiones, de la prensa, por lo que rechaza que las querellas basadas en estas noticias puedan ser inadmitidas.
Organizaciones como Liberum sostienen que la reforma “cercena derechos fundamentales” e intenta “amordazar” la función de la acusación popular. Mientras, la dirección del PSOE insiste en que la iniciativa solo busca «modernizar la justicia» y “evitar el uso partidista de las instituciones judiciales”.
