El abogado del empresario Víctor de Aldama ha recurrido su ingreso en prisión, pero por el momento el juez no tiene intención de dejarle salir de la cárcel. El juez encargado de investigar el caso, Santiago Pedraz, ha decidido mantener la condición de investigado de Aldama y de otras 13 personas.
Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha decidido mantener en prisión a todas las personas que están vinculadas a la trama de los hidrocarburos por haber defraudado supuestamente 182 millones de euros eludiendo pagos de IVA. Víctor de Aldama permanece en prisión provisional sin fianza junto a su socio Claudio Rivas.
El juez Pedraz, tras escuchar la declaración de la hermana del empresario Claudio Rivas, decidió dejarla en libertad, aunque mantiene su estatus de imputada, debido a que existen indicios de delito en su persona. A ambos hermanos se les investiga por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
De Aldama consiguió esquivar entrar en prisión por el caso Koldo, pero la trama del Fuel es el motivo principal por el que ha ingresado en la cárcel de Soto del Real en Madrid. El abogado de la defensa de Aldama ha recurrido esta decisión al entender que la medida es desproporcionada y vulnera su derecho a la presunción de inocencia.
De Aldama intenta que el juez le deje salir de prisión
En este escrito se argumenta que la puesta a disposición del juez no tuvo lugar en las 72 horas posteriores a su detención. Según ha publicado OKdiario, el empresario fue detenido el 7 de octubre a las 7.40 horas y no pasó ante el magistrado hasta el 10 de octubre, pasadas las 11.00 horas. Aldama, sin embargo, fue trasladado a la Audiencia Nacional a primera hora del jueves 10 de octubre, donde esperó a que el magistrado se preparase para tomarle declaración junto a otros detenidos.
La defensa del empresario imputado ha cargado contra la decisión de la Fiscalía, que considera que “no se encuentran corroborados, ni siquiera a nivel indiciario”. El magistrado argumentó que, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, los investigados podrían fugarse para eludir la acción de la justicia. Además, el juez insiste que, al quedar mucho material de las entradas y registros por analizar, a lo que se unen las medidas cautelares decretadas para recuperar en lo posible lo defraudado.