La Audiencia Nacional ha abierto una investigación por el supuesto amaños en la Selae, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. La cual apunta a que la ministra socialista María Jesús Montero y que ya adelantaba el medio The Objective.
Según ha informado en exclusiva The Objective, el juez Santiago Pedraz ha abierto una causa, con diligencias previas 219/2024, al considerar que los hechos denunciados por el abogado Antonio García-Berbel, en representación del sindicato Manos Limpias, afectan a varias provincias del territorio nacional.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga el supuesto amaño sucedido en los concursos públicos, para beneficiar a personas seleccionadas con anterioridad para que pudieran verse beneficiadas en la obtención de las licencias.
Tener una de estas permite a la persona que se le adjudican dirigir 52 delegaciones comerciales de Loterías del Estado. Hay que recordar que esta entidad depende directamente del Ministerio de Hacienda, que está liderado por la socialista María Jesús Montero.
Este caso de corrupción señala a Montero y a el responsable directo del Selae es Jesús Huerta, presidente del organismo. Huerta fue seleccionado por la ministra de Sánchez en el año 2018 para que se pusiera al frente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Un puesto por el que cobra de 223.146,65 euros brutos anuales. Además formó parte del círculo de confianza de Montero cuando esta ostentaba el cargo de consejera de Sanidad en la Junta de Andalucía.
La adjudicación de este contrato público otorga más de 25 millones de euros
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado o Selae es una empresa pública, adscrita al Ministerio de Hacienda, que tiene por objeto “la gestión, explotación y comercialización de la actividad del juego en sus distintas modalidades”. La explotación de una de las 52 delegaciones comerciales que se encuentran en España, Ceuta y Melilla, se realiza a través de un concurso público. El ganador de este concurso público se convierte en delegado de la provincia correspondiente.
Este cargo recibe además 25 millones de euros públicos, para la gestión de las delegaciones comerciales. Estos contratos públicos tienen una duración de siete años pero se pueden prorrogar por otros siete años más. Lo cual supone una asignación presupuestaria estimada en 180 millones de euros y en el caso de que se prorroguen los contratos, el gasto presupuestario asciende a 360 millones de euros.
The Objective publicó en exclusiva un informe de la agencia de investigación privada ‘Detectiva’, que el abogado Antonio García-Berbel ha puesto en conocimiento de la justicia.
