José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional, ha admitido la denuncia presentada por Álvaro Romillo, empresario investigado en la supuesta estafa de Madeira Invest, contra el político Alvise Pérez por un presunto delito de financiación ilegal.
La denuncia del empresario señalaría que el líder del partido Se Acabó La Fiesta habría recibido 100.000 euros de manera ilegal para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo. En el auto presentado por el juez Calama, ofrece a Alvise, debido a la condición de aforado que pesa sobre él, la “posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en el juzgado el 20 de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa”.
El juez ha acordado abrir una investigación paralela a la causa principal que corresponde a la estafa piramidal que se hizo a través de la empresa Madeira Invest, propiedad de Álvaro Romillo; la misma persona que ha denunciado a Alvise Pérez por financiar su partido con dinero ilegal. Hace unos meses salió a la luz la noticia de que la trama que rodea dicha estafa piramidal, la cual suma 26 sociedades.
En esta trama se llegaron a estafar supuestamente 600 millones de euros a más de 2.000 inversores. De acuerdo con fuentes consultadas por El Economista, Álvaro Romillo y su padre, Domingo Romillo, junto a otros socios, conformaron una compleja red societaria que prometía rentabilidades de más del 50% con inversiones en criptomonedas, arte, coches de lujo e incluso proyectos inmobiliarios. El eurodiputado acudió a Romillo por su posición como CEO de esta compañía.
Alvise Pérez demandado por financiación ilegal
En relación a esta causa, el juez señala que la participación de Alvise Pérez en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado empresarial, “pudiese dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada”.
El magistrado de dicha causa expone que la admisión a trámite de la denuncia presentada por el empresario no constituye aún “un acto de imputación judicial”, deja claro que la mera recepción de dinero en negro con conocimiento de que va a ir aportado a la formación política es un acto delictivo.
La principal demanda contra la trama de Alvise Pérez y la financiación ilegal, la ha presentado el despacho de abogados Zaballos, que reúne ya a más de 300 afectados por la red, y ha reclamado que se decrete una orden de búsqueda y captura contra Romillo, que se encuentra en paradero desconocido y que presuntamente habría huido del país en un yate con bandera de Malta, valorado en 26 millones de euros.
