El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado admitir a trámite la denuncia de Justicia Guardia Civil (Jucil) contra Leonardo Marcos, exdirector del cuerpo, por presuntamente haber alertado a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, sobre una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) en su contra por su posible implicación en una trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas.
Jucil había denunciado a Marcos luego de que se filtrara una conversación entre Koldo García y Rubén Villalba, guardia civil imputado en el caso. En esa llamada, Koldo afirmaba que Marcos le había informado de que la UCO estaba investigándolo. La asociación presentó esta acción penal como un intento de exponer un presunto delito de revelación de secretos, pero el juez Moreno concluyó que los informes policiales no ofrecían pruebas suficientes para respaldar tal acusación.
La Fiscalía, en línea con el criterio del juez, subrayó dos conclusiones del informe de la UCO. En primer lugar, que hasta la fecha del informe no se han encontrado indicios claros que verifiquen la afirmación de Koldo García en cuanto a haber sido alertado por Marcos. En segundo lugar, la Fiscalía resaltó la «ligereza» con la que Koldo habla de sus contactos con altos mandos, probablemente para exagerar su propia importancia. En el pasado, el asesor ya había declarado que tenía reuniones programadas con el DAO (Director Adjunto Operativo), un dato que luego fue desmentido por la UCO al constatar que tal encuentro nunca ocurrió.
La conclusión del juez se apoya en la falta de pruebas claras que vinculen a Marcos con la presunta filtración de información confidencial. Tanto el contenido del informe de la UCO como la postura de la Fiscalía respaldan que la denuncia no tiene bases suficientes, apuntando que las palabras de García podrían haber sido un intento de inflar su propio estatus frente a terceros.
Este caso ha tenido especial repercusión en la opinión pública debido a las supuestas irregularidades en torno a la adquisición de material sanitario en el contexto de la pandemia, así como el papel de altos cargos y asesores en el gobierno de esa época. El archivo de la denuncia, sin embargo, supone una nueva instancia en la que las acusaciones de filtración de información en el seno de la Guardia Civil no prosperan.
Este desenlace muestra que, en ausencia de pruebas suficientes, las alegaciones de revelación de secretos por parte de altos mandos quedan desestimadas.
