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11 Dic 2024
11 Dic 2024
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La AUGC denuncia la falta de recursos y personal para controlar el narcotráfico en Almería y Granada

El secretario provincial de la AUGC en Almería, Víctor Vega, manifestó la frustración de los agentes que luchan contra el narcotráfico
Almería

El aumento de la presencia de narcolanchas en las costas de Granada y Almería es una cuestión que se ha convertido en una preocupación para las FCSE. Los agentes de las fuerzas de seguridad han denunciado la falta de recursos y personal en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular.

La AUGC, Asociación Unificada de Guardias Civiles, ha criticado dicha situación. Sobre todo, han destacado la escasez de patrulleras y patrones, lo cual impide que haya una actuación efectiva a la hora de controlar las embarcaciones de los narcotraficantes, especialmente en el Cano de Gata.

El secretario provincial de la AUGC en Almería, Víctor Vega, manifestó la frustración de los agentes que luchan contra el narcotráfico y que tienen problemas con los recursos que se les da, debido a la antigüedad de las embarcaciones. Víctor Vega ha señalado que: “Las narcolanchas, cuando hay mala mar, se refugian por la zona de Cabo de Gata, y con nuestras embarcaciones actuales, que son prácticamente chatarra flotante, no podemos hacer nada”.

Los agentes no tienen recursos suficientes para controlar la llegada de las narcolanchas e inmigración ilegal

Víctor Vega ha destacado que, mientras en Almería necesita que se refuercen las embarcaciones, en Granada necesitan patrones, lo cual fuerza a “desvestir un santo para vestir otro”, llevando embarcaciones de una provincia a otra para cubrir las necesidades de ambas. Es decir, los problemas de dotación de recursos y la falta de personal empeoran la situación.

Hay que destacar que el problema de las narcolanchas se debe también al “petaqueo”. Esto es una práctica de abastecimiento de combustible en alta mar que facilita la operación de estas embarcaciones. La falta de acción en el ámbito legal convierte al petaqueo en una infracción administrativa y no un delito penal, lo que limita las sanciones que se pueden aplicar.

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