La crisis migratoria en Canarias ha alcanzado niveles alarmantes en 2024, con un aumento del 303% en la llegada de migrantes en comparación con el año anterior. Esto se traduce en miles de personas intentando alcanzar las costas canarias, lo que ha desbordado las capacidades de acogida y ha generado una crisis humanitaria de gran magnitud. Según datos del proyecto Missing Migrants, más de 4,200 personas han fallecido en el mar en lo que va del año, evidenciando la peligrosidad de esta travesía.
Ante esta situación, la Unión Europea ha prometido una inyección de 14 millones de euros para ayudar a Canarias a gestionar la emergencia. Además, se están reforzando las operaciones de cooperación con países de origen y tránsito como Mauritania, Senegal y Gambia, en un intento de prevenir la salida de migrantes desde estos territorios. La Comisión Europea también ha indicado que se pondrá en marcha un nuevo marco reglamentario para abordar la cuestión migratoria desde una perspectiva comunitaria para 2026.
Sin embargo, la gestión de la crisis ha generado una fuerte polémica. Se han denunciado violaciones de derechos humanos, especialmente en el caso de menores no acompañados, y se acusa a las autoridades de actuar de manera improvisada y descoordinada. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido recientemente un protocolo del Gobierno canario que afectaba a la acogida de menores, argumentando que era contrario a sus derechos.
En las últimas semanas, Canarias ha sido escenario de varias llegadas masivas de migrantes en pateras. A mediados de septiembre, se registró la llegada de diez embarcaciones con un total de 548 migrantes, lo que representa uno de los mayores picos en lo que va del año. Estos migrantes, en su mayoría procedentes de países del África subsahariana, fueron rescatados en alta mar y trasladados a puertos como el de Arguineguín y el de Gran Tarajal.
El aumento de llegadas ha saturado los recursos de acogida en las islas, donde las instalaciones temporales se encuentran desbordadas. En respuesta a esta situación, las autoridades han solicitado el despliegue de más efectivos de la Guardia Civil y de la agencia Frontex para mejorar la vigilancia en la ruta atlántica.
Además, el pasado mes de agosto, una patera con 72 personas a bordo naufragó cerca de la costa de Fuerteventura, dejando al menos 20 personas desaparecidas. Este trágico suceso ha vuelto a poner de manifiesto la peligrosidad de esta ruta migratoria y la necesidad urgente de reforzar las operaciones de rescate y coordinación internacional. Ante estos desafíos, se espera que las medidas anunciadas por la Unión Europea puedan contribuir a mitigar la crisis humanitaria en Canarias que no se basen únicamente en el envío de fondos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en la necesidad de que Europa comprenda que esta crisis no afecta solo a Canarias, sino a toda la Unión Europea. Ha solicitado un mayor despliegue de la agencia Frontex para salvar vidas en el Atlántico y ha subrayado la importancia de activar un mecanismo de respuesta inmediata para abordar la situación.
La crisis migratoria en Canarias en 2024 no solo ha evidenciado las carencias en la gestión de la migración irregular por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que también ha puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta coordinada a nivel europeo.
