Las dictaduras y los populismos, entre sus muchas características, destacan en su ataque a los medios críticos mientras favorecen a los afines, estableciendo una relación tóxica que erosiona el sistema democrático. Este patrón se ha repetido en diferentes contextos, desde los Estados Unidos contemporáneos con figuras como Donald Trump, hasta España bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.
En el caso de Trump, su relación con los medios ha sido polémica, ya que ha mostrado una actitud autocrática al despreciar de forma evidente a los medios que se le oponen, mientras, también claramente utilizar un tono mucho más amigable con aquellos que lo respaldan. Su uso de redes sociales desreguladas y ataques constantes a la prensa profesional han contribuido a desestabilizar el panorama mediático.
En España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado estrategias similares. Desde su llegada al poder, el PSOE ha denigrado a los medios críticos y estrechado lazos con aquellos que apoyan su gestión. Sánchez y su equipo utilizan una retórica populista para descalificar a los medios que cuestionan su actuación, calificándolos de «pseudomedios» o «fachosfera». Mientras tanto, han neutralizado a los medios afines mediante una relación de dependencia que compromete su objetividad.
La gestión de Sánchez ha polarizado el sector mediático, enfrentando a periodistas y medios entre sí, algo inédito en la democracia española. Además, su Gobierno ha ejercido presiones sobre directores y periodistas, discriminado a medios críticos mediante la retirada de publicidad institucional y promovido demandas judiciales por supuestas vulneraciones al derecho al honor. Una de estas demandas, valorada en 150.000 euros, evidencia un intento de intimidación más que una legítima defensa.
Estas prácticas han alertado a la Unión Europea, que ha tomado medidas para frenar las demandas estratégicas contra medios críticos. Una directiva europea sobre libertad de prensa busca proteger a los periodistas de acciones judiciales abusivas, aunque en España su implementación ha sido deficiente. A pesar de los intentos del Gobierno de Sánchez por controlar el discurso mediático, la resistencia de la prensa libre y la independencia judicial siguen siendo pilares esenciales para preservar la democracia.
Colonización de los medios
Además del ataque constante a los medios críticos, el PSOE ha reforzado su control político y mediático a través de nombramientos estratégicos. Ion Antolín, cercano al presidente Pedro Sánchez, ha sido designado secretario de Estado de Comunicación, reemplazando a Francesc Vallès. Antolín, exdirector de comunicación del PSOE, ha estado vinculado a polémicas como la defensa mediática de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en casos judiciales y su postura crítica hacia ciertos periodistas, acusados de ser «activistas». Estas decisiones han generado críticas, especialmente por su impacto en la libertad de prensa.
Paralelamente, José María Garrido ha asumido la dirección del medio El Plural, conocido por su afinidad con el Gobierno. Garrido, con antecedentes en la organización y comunicación del PSOE, ha enfrentado controversias, incluida su condena en 2020 por vulnerar el honor de víctimas del terrorismo y la difusión de informaciones rectificadas sobre figuras como Isabel Díaz Ayuso. Su cercanía al partido y su participación en actos oficiales refuerzan las críticas de parcialidad en su gestión.
Estos movimientos reflejan una estrategia para consolidar el control sobre la narrativa política y mediática, particularmente en un contexto de tensiones judiciales y políticas. Los críticos ven estos nombramientos como un intento de silenciar voces opositoras, mientras el PSOE los justifica como necesarios para una comunicación efectiva en un clima de polarización.
