Los familiares de Miguel Ángel González, el guardia civil fallecido en Barbate tras ser arrollado por una narcolancha mientras cumplía con su deber, tienen previsto solicitar a la Audiencia Nacional de Cádiz que reabra la causa contra los altos mandos del Instituto Armado.
La familia considera que la responsabilidad de la muerte de Miguel Ángel González recae sobre los altos mandos, ya que fueron ellos quienes ordenaron acudir aquella noche a la costa de Barbate para frenar la llegada de las narcolanchas. Esta causa fue archivada por la Audiencia Provincial de Cádiz en noviembre de 2024.
Como prueba para respaldar su petición, la familia del agente planea presentar un audio en el que se escucha a Miguel Ángel González expresar su preocupación por el riesgo que suponía intervenir en esa operación. En la grabación, el agente advierte: “Mi teniente coronel, es un riesgo que nos pueden pasar por encima”.
Los familiares han señalado que los audios prueban que los Guardias Civiles eran conscientes de la superioridad de los conductores de las narcolanchas. No se conocía la existencia de esta grabación de audio, tampoco durante el curso del procedimiento. Por este motivo, la familia del agente González espera que la aportación de este audio como prueba, sirva para reabrir el caso contra los altos mandos del Instituto Armado.
Los presuntos asesinos de los Guardias Civiles siguen en libertad
La Audiencia Provincial de Cádiz archivó el pasado mes de noviembre las diligencias contra el coronel de la Comandancia de Cádiz y el general de la Guardia Civil de Andalucía. Ambos mandos habían sido acusados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de ser los responsables de dar la orden en el operativo de Barbate, durante el cual una narcolancha embistió a una zodiac el 9 de febrero, causando la muerte de dos agentes del cuerpo.
Según los relatos de los guardias civiles supervivientes de las embestidas de la narcolancha, el dispositivo en el que intervinieron aquella noche fue, en palabras de sus abogados, una operación marcada por la «improvisación». Los agentes han señalado que sus mandos no planificaron adecuadamente el operativo y que recibieron órdenes precipitadas para intervenir.
Tras las declaraciones en el juzgado, Mariano Casado, asesor jurídico de la AUGC, describió el dispositivo como “el paradigma de la operación que nunca tiene que producirse”. Según Casado, todo en el operativo estuvo marcado por la falta de planificación: “Todo fue improvisación, improvisación e improvisación”, reiteró.
Además, los testimonios recogidos han señalado que el coronel de la Comandancia de Cádiz, al frente del operativo, no actuó con la diligencia debida. Según el abogado de la asociación, el mando incumplió su “mandato imperativo” de velar por la seguridad y la vida de los agentes que estaban bajo su responsabilidad.
