La Fiscalía ha emitido un aviso al Gobierno de Canarias respecto al nuevo protocolo propuesto para la gestión de menores migrantes no acompañados. En el documento , la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, señala que este protocolo podría suponer una “discriminación por razón de origen”, lo cual es contrario tanto a la Constitución Española como a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Denuncia por discriminación
El principal punto de conflicto radica en que el protocolo del Gobierno canario propone un trato diferenciado para los menores extranjeros no acompañados en comparación con los menores españoles que se encuentran en una situación similar de desamparo. La fiscal subraya que este tipo de trato diferenciado no está permitido por el marco legal vigente en España. “Tratar a los menores extranjeros de una manera diferente respecto a los menores españoles en su misma situación supone claramente una discriminación por razón de origen”, advierte Farnés.
La Fiscalía sostiene que estos menores extranjeros se encuentran en una situación de desamparo evidente y que su protección debe recaer sobre las autoridades competentes de la comunidad autónoma, es decir, el Gobierno de Canarias, de acuerdo con la legislación vigente. La fiscal superior advierte que, de no cumplirse este deber de acogida inmediata, se podrían abrir procedimientos penales por delitos de abandono.
A pesar de las críticas al nuevo protocolo, la Fiscalía ha reconocido los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de Canarias para gestionar la llegada masiva de migrantes, muchos de ellos menores. Con más de 5.300 menores migrantes en los centros de acogida de las islas, el Ejecutivo canario ha estado trabajando bajo un contexto de presión extrema. Según la fiscal, estos esfuerzos han sido realizados «conforme al cumplimiento del ordenamiento jurídico y desde una perspectiva de Derechos Humanos».
Sin embargo, el protocolo que se pretende implantar ha levantado una fuerte oposición por parte del Ministerio Público, que considera que introduce requisitos innecesarios y potencialmente perjudiciales para los menores.
Requisitos sin sustento legal
El Gobierno de Canarias publicó el pasado jueves un protocolo en el que se establecen una serie de trámites que deben cumplirse antes de que el Estado se haga cargo de un menor migrante, como su correcta identificación, la realización de una entrevista para determinar si es candidato a refugio, y la apertura de un expediente individual. Todo ello quedaría condicionado a la disponibilidad de plazas en los centros de acogida de la comunidad autónoma.
No obstante, la Fiscalía ha criticado tanto la forma como el fondo del protocolo. En cuanto a la forma, subraya que los requisitos que establece no están amparados por la ley y que no es competencia de Canarias imponer tales condiciones al Estado. En el fondo, teme que este procedimiento burocrático pueda perjudicar gravemente a los menores migrantes.
“Los menores extranjeros no acompañados son un colectivo de especial vulnerabilidad: porque son menores, porque son extranjeros y porque están solos. Esta circunstancia determina directamente su desamparo y, por lo tanto, la necesidad de que la administración competente se haga cargo de ellos a través de los mecanismos de tutela administrativa”, señala la fiscal. Y agrega que esta responsabilidad no recae en el Estado, sino en la comunidad autónoma, a menos que se modifique el Estatuto de Autonomía.
Otro punto de conflicto radica en los trámites que el Gobierno canario quiere imponer a la Policía y a la Fiscalía antes de que se pueda proceder con la acogida de los menores. La fiscal superior advierte que no se han evaluado correctamente las repercusiones que este tipo de intervenciones policiales podrían tener en menores que acaban de llegar, especialmente tras haber experimentado un peligroso y traumático viaje. “Es claro que un menor que acaba de llegar a tierra después de un viaje en el que ha puesto en peligro su vida no está en disposición de ser oído con garantías”, asegura.
Además, la Fiscalía critica que el protocolo imponga una serie de trámites burocráticos en situaciones que, por su propia naturaleza, requieren una actuación inmediata. La Ley del Menor establece que en casos de urgencia, los servicios sociales deben actuar sin dilación. Retrasar la entrada de estos menores en centros adecuados, sostiene la fiscal, solo aumenta el riesgo de que permanezcan en centros policiales, algo que no está contemplado en la ley.
