Recientemente, se reveló que el gobierno municipal de Barcelona ofreció ayudas económicas a manteros para alinearlos con el activismo por el catalán, lo que generó controversia y fue interpretado como un intento de comprar apoyo político. El Ayuntamiento otorgó en 2020 ayudas por un total de 57,000 euros a la Asociación Popular de Vendedores Ambulantes para la marca de ropa “Top Manta” y otros proyectos socioeconómicos. Estos hechos aumentaron las críticas sobre la gestión de recursos públicos y la legitimación de actividades cuestionables.
Estos hechos se suman a otros muchos que han supuesto una visión negativa de la administración de Ada Colau sobre la ciudad de Barcelona.
La percepción de inseguridad en Barcelona se ha incrementado, con un aumento significativo en los delitos callejeros. Esto ha llevado a una percepción negativa de la ciudad, afectando tanto a residentes como a turistas. A nivel económico, la oposición a proyectos de infraestructura como la ampliación del aeropuerto y la construcción del Museo Hermitage han frenado potenciales inversiones y el desarrollo turístico.
Por otro lado, las políticas de movilidad de Colau, que incluyen la reducción de carriles de circulación y la creación de supermanzanas, han provocado un aumento del tráfico y la congestión, generando descontento entre conductores y comerciantes. A pesar de sus esfuerzos por promover el uso de bicicletas y el transporte público, las medidas han sido percibidas como poco efectivas y perjudiciales para la movilidad urbana.
Estas decisiones controvertidas y la percepción de un deterioro en la seguridad, la movilidad y la economía han contribuido a una valoración negativa de su gestión.
