La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado este lunes la alarmante falta de efectivos en las zonas rurales, destacando los recientes asesinatos en Toledo: una joven de 17 años en Otero y un niño de 11 años en Mocejón. JUCIL señaló que el tiempo de respuesta de los agentes ha sido excesivo, superando los 40 minutos en el caso del menor, Mateo, lo que pone en evidencia las carencias en el despliegue de la Guardia Civil.
Javier Montero, portavoz de JUCIL, subrayó en el programa ‘Herrera en COPE’ que, a pesar de la rapidez en la detención del asesino del niño, que tiene 20 años y una discapacidad intelectual del 70%, esta fue facilitada por la inexperiencia del delincuente y la falta de antecedentes penales. Sin embargo, Montero advirtió que una situación similar con un criminal más profesional habría sido mucho más complicada de resolver. «Si el delincuente fuera más experimentado o tuviera más motivaciones, habría sido mucho más difícil capturarlo», explicó.
En su comunicado, JUCIL ha destacado que estos trágicos eventos demuestran que el actual despliegue de la Guardia Civil no garantiza la seguridad adecuada en los pueblos españoles. Montero criticó la «gestión ineficiente» por parte de los poderes públicos, que ha llevado a tiempos de respuesta inaceptablemente largos. «En casos graves como los de Mocejón y Otero, creemos que se podrían haber prevenido», afirmó.
El portavoz de JUCIL también expresó su frustración con la falta de avances en la provisión de recursos para los agentes. A pesar de que los agentes trabajan con los medios disponibles, Montero ha insistido en la necesidad urgente de obtener tanto recursos materiales como humanos para realizar su labor de manera efectiva. «Llevamos años solicitando mejoras sin obtener respuesta», reconoció.
Finalmente, Montero hizo un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación para que presionen al gobierno y exijan cambios. «Estamos aquí para servir al ciudadano, quien contribuye con sus impuestos para que funcione el sistema. Esperamos que la presión pública pueda motivar a los responsables a actuar», concluyó.
