La Guardia Civil se ha personado este miércoles en la sede de la Fiscalía General del Estado con el fin de registrar el despacho de Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los agentes, autorizados por el magistrado instructor, el juez Ángel Hurtado, se han personado en el despacho del fiscal general del Estado, con el fin de obtener e incautar todos sus dispositivos electrónicos, requeridos en el marco de unas pesquisas que ha sido declaradas bajo secreto de sumario.
Una de las cuestiones más relevantes en la causa contra el juez García Ortiz es el hecho de que este último fue la persona que se encargó de solicitar a sus subordinados que toda la información que estuviera vinculada con los correos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, se dirigiesen a su mail particular. Un correo con la extensión @gmail.com que, por lo tanto, escapaba de los controles de seguridad y de los filtros previstos para las cuentas oficiales.
Los abogados de la pareja de Ayuso instaron al instructor del Tribunal Supremo que reclamase a la empresa Google España el contenido de todas las comunicaciones recibidas y enviadas por el fiscal general desde dicho mail, en el período de tiempo comprendido entre los días 5 y 18 de marzo de 2024.
Es la primera vez en la historia de la democracia que se imputa a un fiscal general del Estado
Sobre todo, se pedía que se constatase el siguiente contenido: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)’”.
El juez encargado de la causa contra García Ortiz ha aceptado estas diligencias presentadas por la defensa de González Amador. Así, con el objetivo de preservar el buen fin de las averiguaciones, ha decretado el secreto de las actuaciones que se seguirán en el marco del procedimiento iniciado por un presunto delito de revelación de secretos.
Hay que destacar que esta es la primera vez en la historia de la democracia de España que se abre una investigación a un fiscal general del Estado, debido a su presunta implicación en la comisión de un delito que es derivado del ejercicio directo de su cargo. También es la primera vez que se ordena una actuación policial en la sede de la Fiscalía contra su máximo responsable que, en España, está llamado a la defensa de la legalidad en la Administración de Justicia.
