El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha sido imputado en la causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de una cátedra a Begoña Gómez, esposa del presidente en funciones, Pedro Sánchez. La investigación examina las condiciones en que Gómez obtuvo su puesto como profesora en la institución y apunta a posibles actuaciones irregulares por parte de Goyache, quien ahora deberá comparecer ante la justicia como investigado.
El señalamiento a Goyache por prevaricación
El caso surgió a raíz de denuncias de supuestas prácticas de favoritismo y trato de favor en la UCM. En el centro de las investigaciones está el procedimiento mediante el cual Begoña Gómez, con experiencia en gestión de organizaciones sin ánimo de lucro, alcanzó un puesto de relevancia en la universidad, específicamente en una cátedra de innovación en transformación social y economía digital. Las acusaciones apuntan a que el proceso para concederle esta posición no habría seguido los criterios académicos y de transparencia esperados en una universidad pública. De acuerdo con los medios que han informado sobre el caso, el rector Goyache podría haber intervenido para facilitar la obtención del puesto de Gómez en detrimento de otros académicos.
Las investigaciones, según fuentes judiciales, examinan posibles presiones o decisiones que habrían podido favorecer a Gómez durante el proceso de selección para el puesto. En concreto, se evalúa si Goyache pudo haber actuado para que los méritos de Gómez, con menor experiencia en investigación y docencia en comparación con otros candidatos, fueran considerados suficientes para el puesto. Entre las pruebas recopiladas en el caso se encuentran correos y testimonios de otros miembros de la institución que sostienen que las decisiones para otorgar la cátedra se tomaron de manera excepcional y fuera de los procedimientos regulares.
Este señalamiento ha provocado un debate sobre el rigor y la ética en los procesos de selección en las universidades públicas, y en particular en la UCM, donde varios profesores han manifestado preocupación ante la posibilidad de que la universidad esté expuesta a influencias políticas.
La imputación formal de Goyache se centra en el delito de prevaricación administrativa, que implica la realización de una decisión injusta o arbitraria en el ámbito de la función pública. La fiscalía sugiere que la intervención del rector en este caso podría haber vulnerado los principios de mérito e igualdad de acceso en los procesos académicos. Según fuentes del caso, el rector será citado a declarar en los próximos días para aclarar su papel en la asignación de la cátedra a Begoña Gómez, así como las presuntas influencias que podrían haber operado en el proceso de selección.
Testifical de los vicerrectores contra Goyache
En su providencia, el juez Peinado decidió citar a Joaquín Goyache como investigado, apoyándose en los testimonios de los vicerrectores Coello de Portugal y Doadrio. Ambos declararon el 19 de julio y, según fuentes cercanas, coincidieron en afirmar que no tenían competencia sobre las facturas de la cátedra dirigida por Begoña Gómez, incluyendo los pagos relacionados con el software desarrollado para dicha cátedra.
Las mismas fuentes confirmaron que los vicerrectores detallaron el proceso de creación de la cátedra de Gómez y el funcionamiento de la Comisión Mixta de seguimiento de la «Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva,» que se reunió el pasado 2 de julio. Coello de Portugal indicó que, en dicha reunión, no se aceptaron algunos documentos presentados por Gómez en relación con la cátedra, debido a la prudencia necesaria por el procedimiento judicial en curso.
En cuanto a las facturas mencionadas en el informe de la UCM presentado ante el juzgado, ambos vicerrectores aclararon que la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales, dirigida entonces por Doadrio, no tenía responsabilidad sobre esos pagos. Doadrio añadió que, en el momento en que se emitieron las facturas, ya había dejado el cargo.
Las facturas en cuestión corresponden a tres partidas relacionadas con la cátedra de Gómez. La primera es una factura de la empresa «Making Science Group S.A.» por 24.200 euros, destinada al desarrollo e implementación de la «Plataforma Transforma TSC». La segunda partida es un contrato menor, adjudicado por 18.148 euros, para un «Servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva». La tercera, un contrato de 60.500 euros, correspondía a un procedimiento simplificado para la «Asistencia y asesoría técnica y tecnológica en la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa».
Sobre la creación de la cátedra, Doadrio señaló que recibió indicaciones del rector para establecerla para Gómez, asegurando que el proceso fue adecuado, aunque realizado con cierta premura.
La defensa de Goyache
Ante los señalamientos, Joaquín Goyache ha negado en varias declaraciones públicas haber incurrido en cualquier conducta inapropiada. El rector ha defendido su gestión afirmando que todas las decisiones en torno a la contratación de Gómez se tomaron conforme a la normativa de la UCM y con base en sus méritos profesionales. Además, ha denunciado que la investigación responde a una campaña de desprestigio contra su gestión y contra la universidad.
La imputación de Goyache y la vinculación de Begoña Gómez en esta controversia han puesto el foco sobre los procesos de selección en la Complutense y la influencia que actores externos puedan ejercer sobre sus decisiones. A medida que avanza la investigación, se espera que el caso arroje luz sobre los mecanismos de control y las medidas que la universidad y las instituciones públicas deben tomar para garantizar la imparcialidad y la equidad en la selección de su personal académico.
