Infantes de Marina de la Armada realizando labores de desescombro // Ministerio de Defensa
La gestión del Ejército tras la reciente DANA en Valencia ha despertado un fuerte debate, después de manifestarse graves fallos de coordinación y respuesta en medio de una catástrofe que ha dejado más de 200 muertos y zonas enteras devastadas. La lenta reacción del Ejército, junto con la falta de recursos y personal, ha suscitado críticas hacia las autoridades locales y nacionales, en particular hacia el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha sido señalado por la opinión pública por aparentemente haber demorado en solicitar apoyo militar para atender la emergencia.
Una respuesta tardía ante la catástrofe
La respuesta del Ejército no se hizo visible en las zonas afectadas hasta días después de iniciada la emergencia, algo que ha generado indignación entre los ciudadanos y los líderes municipales de las localidades más afectadas. Mazón declaró haber solicitado ayuda militar desde el primer día de la crisis, el 29 de octubre. Sin embargo, la primera comunicación oficial en la que mencionó la intervención del Ejército fue el jueves 31 de octubre, dos días después de la DANA, generando controversia por la falta de transparencia y la aparente demora en la activación de los recursos.
El propio Mazón, en una publicación en X, anunció la incorporación del Ejército en las labores de rescate y logística, indicando que el despliegue comenzaría el viernes 1 de noviembre, casi cuatro días después de iniciada la crisis. Esta comunicación tardía ha llevado a cuestionamientos sobre la previsión y preparación del Gobierno autonómico para enfrentar una emergencia de tal magnitud.
Acabo de solicitar la incorporación del Ejército @Defensagob y los efectivos disponibles de tierra, mar y aire para reforzar las labores logísticas y de distribución de ayuda a la población.
— Carlos Mazón (@carlos_mazon_) October 31, 2024
Un despliegue insuficiente y falto de coordinación
Los municipios más afectados, como Chiva, Paiporta y Alfafar, se vieron obligados a enfrentar la tragedia con recursos insuficientes. El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, describió una situación crítica en la que los barrios estaban incomunicados, con residentes atrapados sin agua ni electricidad. En Chiva, algunos vecinos y voluntarios terminaron heridos mientras intentaban rescatar personas en un garaje anegado, sufriendo intoxicaciones por gases. Esta situación demuestra que la falta de personal y recursos ha tenido consecuencias reales en la seguridad de la población.
La Generalitat declaró el nivel 2 de alerta en Valencia desde el inicio de la DANA, asignando la responsabilidad de gestionar la emergencia al Gobierno autonómico, quien podía haber solicitado el despliegue inmediato del Ejército. Sin embargo, la demora en la respuesta plantea dudas sobre si hubo una subestimación de la magnitud del desastre o problemas en la coordinación entre las administraciones local y central. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, defendió la disposición del Gobierno central para apoyar con todos los recursos necesarios, destacando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaba preparada para actuar.
Carlos Mazón anunció la creación de cinco grupos de respuesta inmediata que contarían con el apoyo de siete ministros y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa para gestionar los efectos del temporal. Sin embargo, este plan se implementó después de que los daños ya fueran considerables, y el impacto real de estos grupos en la mejora de la respuesta aún está por verse. A su vez, el Gobierno central anunció que continuaría proporcionando ayuda en función de las necesidades locales, adaptando el despliegue de recursos conforme evolucionara la crisis.
Mientras tanto, la situación de inseguridad en Valencia aumentó con la oleada de saqueos que siguieron a las inundaciones. En barrios afectados, la falta de presencia policial permitió a grupos organizados robar en tiendas y viviendas, llevándose artículos de lujo y dejando a las víctimas de la catástrofe aún más vulnerables. Hasta el momento, se han detenido a más de 80 personas, pero el ambiente de desprotección persiste en algunas localidades.
