La joven, que perdió un ojo debido al impacto de un proyectil de foam disparado por los Mossos d’Esquadra durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel ha solicitado reabrir el caso. Dos escopeteros estaban siendo investigados, y la joven considera que existen indicios “suficientes” contra ambos.
Tanto la joven, que ejerce la acusación particular, como el colectivo Irídia, que actúa como acusación popular, han presentado recursos para que la Audiencia de Barcelona revoque la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Este juez había cerrado la investigación el pasado 8 de mayo, argumentando que la actuación policial fue “proporcionada” debido a la “extrema agresividad” de algunos manifestantes, lo que obligó a los agentes a actuar en defensa propia y de otras personas y bienes.
Sin embargo, los abogados de la joven y de Irídia consideran que el archivo del caso es “precipitado” e “indebido”. Argumentan que las diligencias realizadas han demostrado la existencia de indicios de criminalidad en la conducta de los escopeteros en febrero de 2021 en Barcelona, y también en la del sargento que ordenó disparar. Por esta razón, creen que se debería reabrir el caso y llevar a juicio a los responsables.
Los recursos señalan que, además de los dos escopeteros, también se debería imputar al sargento que ordenó y supervisó la actuación, pues consideran que “permitió una actuación contraria a los protocolos policiales y a la legalidad”. Añaden que la acción fue antirreglamentaria, ya que no se respetó el protocolo interno de uso de proyectiles de precisión, y advierten que, de acuerdo con la normativa internacional de derechos humanos, los hechos podrían constituir un delito de tortura o, subsidiariamente, contra la integridad moral.
La víctima sufrió una grave lesión en el ojo
Según los recursos, la víctima fue “gravemente lesionada” por un proyectil de foam disparado por los Mossos cuando se encontraba andando “en dirección contraria” a los agentes, a una distancia que “impedía cualquier agresión directa” a los policías y no presentaba “situación de riesgo” para los demás manifestantes. Por ello, sostienen que hubo un “uso ilegítimo” de la fuerza, contrario a los principios que la regulan y al protocolo del uso de proyectiles de foam.
Asimismo, los recursos argumentan que los Mossos han recibido formación específica sobre el uso de estas armas, por lo que se les debe exigir conocimiento de su capacidad lesiva. Según los abogados, el juez no puede ignorar este hecho.
En esta línea, los recursos subrayan que los agentes deberían haber evaluado que no existían “requisitos de peligrosidad” para disparar, ya que la víctima estaba resguardada detrás de un contenedor y en ese momento no se estaban lanzando objetos hacia la línea policial. “Disparar, en esta situación, por encima del abdomen de una manifestante es aceptar como probable causar lesiones graves”, destacan los recursos, recordando que los protocolos de los Mossos prohíben disparar por encima del abdomen.
