La ley de amnistía busca exonerar a personas condenadas o enjuiciadas por delitos relacionados con el proceso independentista catalán. Hasta la fecha, al menos 154 individuos han sido amnistiados, incluyendo a condenados que han visto cancelados sus antecedentes penales, incluidos los policiales. Entre los beneficiados, 95 son agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando la inclusión de policías nacionales, guardias civiles y mossos d’Esquadra.
Una de las decisiones más relevantes fue la reciente amnistía a 45 agentes de la Guardia Civil, quienes fueron investigados por su actuación durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Mataró les exoneró de responsabilidad penal, considerando que sus acciones encajaban en el marco de la ley de amnistía. A esto se suman otros 46 agentes de la Policía Nacional que ya habían recibido la amnistía. Además, se han concedido amnistías a figuras políticas relevantes, como el exconseller de Interior, Miquel Buch, y la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, quienes enfrentaban condenas por malversación y quebrantamiento de condena, respectivamente.
Alcance de la amnistía
La ley ha abarcado delitos variados, incluyendo malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos y otros delitos menos comunes como la tenencia de artefactos explosivos. Hasta ahora, todos los casos de amnistía han sido resueltos en tribunales y juzgados con sede en Cataluña, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la coherencia de su aplicación en un contexto nacional.
El Tribunal Supremo de España ha expresado preocupaciones sobre la legalidad de la amnistía, considerando que podría vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Además, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicabilidad de la ley a delitos graves, incluyendo terrorismo y desobediencia.
Se estima que aproximadamente el 31% de los encausados por el ‘procés’, según cifras de la Fiscalía General, podrían beneficiarse de la amnistía. Sin embargo, la ambigüedad de la ley y su alcance ha cuestiona si se aplicará a todos los casos en tramitación, especialmente aquellos que involucran delitos no contemplados en la norma.
