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El Partido Popular (PP) y Junts han alcanzado un pacto para suspender el impuesto del 7% aplicado a toda producción de energía eléctrica. Esta medida se canalizará mediante una enmienda al proyecto de ley sobre comercio de emisiones de CO₂, actualmente en trámite parlamentario. Esta decisión coincide con la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica sobre los cargos de la factura de la luz para 2025, que representan aproximadamente una cuarta parte del recibo.
En el desglose del recibo eléctrico, los cargos son una parte clave junto con los peajes de las redes, cuyo coste será reducido un 4% en enero por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, el Ministerio prevé un aumento del 33% en los cargos para un consumidor promedio a partir de enero. Esto implicaría un incremento del 39% en el total del recibo si se suman todos los factores. La pérdida de los ingresos asociados al impuesto del 7%, estimados en 1.100 millones de euros, elevaría la subida de cargos a más del 50%.
Repercusiones en la financiación del sistema eléctrico
El impuesto del 7%, instaurado en 2012 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, fue concebido para abordar el déficit tarifario que llegó a alcanzar los 30.000 millones de euros. Aunque recaudado por Hacienda, este dinero se reinvertía en el sistema eléctrico para cubrir costes como las primas a las energías renovables o la deuda acumulada.
Actualmente, una parte sustancial de los cargos, destinados a subvencionar las energías renovables (con una asignación de 4.192 millones de euros para 2025), depende de este impuesto. Su eliminación impactaría en el balance del sistema y podría reintroducir el déficit tarifario, según advierten algunos expertos.
El debate sobre competitividad y contexto europeo
Los sectores industriales y algunos grupos políticos argumentan que el impuesto eléctrico reduce la competitividad frente a otros países de la Unión Europea donde no existe este gravamen. Durante la crisis energética reciente, el Gobierno lo suspendió temporalmente, alimentando las expectativas de su eliminación definitiva.
Sin embargo, el PSOE y Sumar han decidido posponer la comisión del Congreso que debía ratificar la medida, mientras se estudian alternativas para preservar los ingresos asociados al tributo. Una opción es sustituir la ley por un real decreto-ley, aunque esta vía podría enfrentar una fuerte oposición política.
La enmienda transaccional y sus implicaciones legales
La propuesta del PP y Junts incluye establecer un tipo cero para el impuesto del 7% siempre que no haya déficit tarifario. No obstante, la eliminación del tributo complicaría el equilibrio financiero del sistema, poniendo en riesgo su sostenibilidad. Según fuentes parlamentarias, el Gobierno contemplaba vetar la enmienda invocando el artículo 134.2 de la Constitución, que exige su aprobación cuando una medida afecta a los ingresos presupuestarios. Sin embargo, la ausencia de un diputado socialista en un momento clave del debate permitió la incorporación de la enmienda al articulado del proyecto de ley.
