La manifestación convocada por la Comisión 8M en Madrid, bajo el lema “Feministas antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello”, recorre el centro de la capital con una notable presencia de miembros del Gobierno y líderes políticas. A pesar de la intensa lluvia, miles de mujeres vestidas de morado han entonado consignas feministas mientras avanzaban desde la glorieta de Atocha hasta la Plaza de España, acompañadas por música y batucadas.
Entre las figuras destacadas en la marcha se encontraban la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. También han participado la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, junto a la secretaria general del partido, Ione Belarra. Por parte de Sumar, han asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Sanidad, Mónica García.
Las portavoces de la Comisión 8M, Carmen Domenech, Olga Navarro y Katy Solorzano, han reivindicado en el inicio de la marcha la importancia de la movilización ante el avance de la derecha y la amenaza a los derechos feministas. “Las feministas estamos hoy en las calles para clamar ante una situación mundial muy grave”, han afirmado.
La manifestación, de carácter transinclusivo, ha puesto énfasis en la defensa de los derechos de las personas trans, marcando una de las principales diferencias con la segunda marcha feminista de la jornada, la convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, de corte abolicionista, que se celebrará en la tarde con salida desde Cibeles. Desde 2022, el movimiento feminista se encuentra dividido en Madrid por discrepancias sobre la Ley Trans y la regulación de la prostitución.
La ministra Redondo ha defendido la unidad del movimiento feminista y ha subrayado que “hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan”. Su presencia en ambas manifestaciones refleja el intento del Gobierno por mantener una postura de conciliación en un panorama feminista cada vez más fragmentado.
