La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha solicitado formalmente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se abstenga de nombrar al nuevo Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, una plaza de nueva creación cuya responsabilidad incluye fijar criterios de actuación en causas que afectan directamente al propio García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.
“Su abstención es inevitable”, subraya la AF en una carta enviada al máximo responsable del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso El Debate. Según los fiscales, resulta inadmisible que quien está siendo investigado penalmente pueda influir, directa o indirectamente, en el nombramiento del fiscal encargado de coordinar las causas relacionadas con su caso.
Una designación con implicaciones personales
La polémica gira en torno a la plaza de nueva creación convocada el pasado mes de marzo, en virtud del Real Decreto 1100/2024. Esta figura, aún vacante, será clave en la persecución de los delitos contra la Administración Pública, un ámbito que abarca el delito por el que el propio fiscal general ha sido imputado.
Aunque formalmente la instrucción de su causa está en manos de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la AF recuerda que cualquier fiscal debe seguir las directrices del Fiscal de Sala en esa materia, lo que pone en entredicho la imparcialidad del proceso si García Ortiz mantiene su intención de proponer a un candidato.
“No comprometa más nuestra imagen”, reclama la AF en su misiva. “Se trata de evitar el riesgo objetivo de que la esperanza de una utilidad, ventaja o beneficio personales pueda pervertir el sentido de la decisión”.
El nuevo fiscal de Sala, aunque no tenga una función doctrinal vinculante, establecerá los criterios interpretativos que guiarán a los fiscales en todo el país en materia de delitos contra la Administración. Esto incluye, según la AF, delitos como el de revelación de secretos, figura jurídica que podría aplicarse a la actuación de García Ortiz por la difusión de información personal sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
“No puede obviarse que, aunque el nombramiento lo formalice el Consejo de Ministros, la propuesta del fiscal general es decisiva”, recuerdan desde la Asociación. El Ejecutivo solo puede aprobar o rechazar el candidato propuesto, pero no presentar uno alternativo, lo que refuerza la presión sobre García Ortiz.
Advertencia por el daño institucional
La AF advierte también del efecto que esta maniobra puede tener sobre la credibilidad de la Fiscalía y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. “Su intervención deslegitima el procedimiento”, insisten los fiscales, que temen que se perciba el nombramiento como una maniobra de autodefensa.
La designación está prevista para este martes 22 de abril en el seno del Consejo Fiscal. En un contexto de fuerte malestar interno, la propia AF ha calificado de “burla” que un imputado pretenda elegir al fiscal que coordinará causas de corrupción.
El nombramiento podría no concretarse si se mantiene la ausencia de cuatro vocales del Consejo Fiscal, que ya en otras ocasiones han mostrado su disconformidad con decisiones del fiscal general. Esta circunstancia abriría la puerta a un bloqueo del proceso y a un nuevo capítulo en la crisis institucional que sacude a la Fiscalía General del Estado desde que se conoció la investigación penal contra su máximo responsable.
