Durante la retransmisión de Nochevieja en RTVE, la humorista Lalachús mostró una estampita paródica de una vaquilla del programa Grand Prix emulando al Sagrado Corazón de Jesús. Este gesto, realizado en el momento de mayor audiencia televisiva del año, generó una oleada de críticas, especialmente por parte de colectivos religiosos. La asociación Hazte Oír como Abogados Cristianos presentaron una denuncia por «un delito contra los sentimientos religiosos», amparándose en el artículo 525 del Código Penal.
Sin embargo, el Gobierno, lejos de condenar el acto, respaldó a la humorista. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, no solo defendió la libertad de expresión de los presentadores, sino que aprovechó la controversia para anunciar una reforma del delito de ofensa religiosa. Según Bolaños, el artículo actual del Código Penal es utilizado por «los ultras» para «amedrentar a la ciudadanía», un discurso que casa muy bien con las cifras en aumento de los ataques contra la libertad religiosa en España.
Por su parte, Vox denunció lo que considera un doble rasero del Ejecutivo, señalando que la misma administración que persigue críticas contra figuras del PSOE, como la esposa del presidente Sánchez, permite burlas hacia los católicos desde medios públicos.
No es un caso aislado
Desde 2022, los ataques a la libertad religiosa en España se incrementaron, especialmente contra la Iglesia católica. Según el informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), los principales responsables de estos ataques son partidos políticos, encabezados por Podemos, PSOE e Izquierda Unida.
El exdiputado de Podemos, Pablo Echenique, fue acusado de cometer un delito de odio debido a un tuit en el que afirmó que “es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante”. El comentario, en respuesta a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo sobre la acogida de inmigrantes, fue considerado claramente ofensivo por la Asociación Abogados Cristianos, que interpuso una denuncia.
Aunque Echenique defendió que su intención era resaltar las generalizaciones injustas hacia los migrantes, el juez a cargo consideró que su mensaje incitaba al odio contra los sacerdotes. La Audiencia de Madrid ha respaldado que dicho mensaje contra los curas se trata de una afirmación “incierta y ofensiva que atribuye una actuación delictiva a un grupo minoritario”. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, advirtió que “los ataques a los católicos van en aumento” y exigió que la justicia actúe de forma contundente.
El presentador Gran Wyoming también ha sido objeto de una querella presentada por Abogados Cristianos tras realizar un gag en El Intermedio disfrazado de obispo, donde parodió a la Iglesia católica en clave política como “la Iglesia Aznariana”. La organización denunció que el sketch tergiversó el Credo y realizó burlas vejatorias hacia la eucaristía, acusándolo de incitación al odio y escarnio religioso.
Este episodio se suma a otros casos polémicos como la parodia de la Virgen del Rocío en TV3, cuya denuncia fue finalmente archivada por la justicia. La Audiencia de Barcelona consideró que el contenido, aunque buscaba indudablemente ser ofensivo, en este caso sí estaba amparado por la libertad de expresión al tratarse de un programa de entretenimiento.
¿Libertad de expresión o ataque gratuito?
Analizando los casos anteriores de forma detenida se encuentra un patrón recurrente: figuras públicas, amparadas en la libertad de expresión, recurren al humor para denigrar símbolos religiosos cristianos. Para algunos sectores progresistas, estas expresiones son válidas y necesarias en una sociedad democrática, sin embargo, no se tiene en cuenta la escalada de ataques gratuitos que traspasan los límites del respeto hacia una comunidad religiosa.
El debate se intensifica aún más ante la respuesta del Gobierno, que no solo respalda estas actuaciones, sino que busca despenalizar conductas ofensivas para la comunidad religiosa. Este enfoque del Ejecutivo contrasta con su defensa de otros colectivos minoritarios ante burlas o discursos de odio.
