Voluntarios de «Recuperación de la memoria histórica», trabajando en una fosa de Guadalajara PACIFIC PRESS
Las denominadas “leyes de concordia” que han impulsado los gobiernos autonómicos del PP y Vox como contrarreforma a la legislación sobre Memoria Democrática ponen en riesgo el cumplimiento de España de la legislación internacional sobre la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, según Naciones Unidas.
Así lo concluye el informe del Relator Especial y del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y al que han tenido acceso varios medios. Un documento remitido en respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno de España tras los pasos atrás consumados por las coaliciones de derecha y extrema derecha en comunidades como Valencia, Castilla y León y Aragón.
“Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en Aragón, Castilla y León y Valencia […] pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen”. Es la conclusión a la que ha llegado este organismo de la ONU.
Respecto al intento de equiparar las víctimas del franquismo con las de otro tipo de crímenes, el informe de la ONU manda un mensaje a los gobiernos de estas comunidades del PP y Vox.
“El proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidas durante la dictadura franquista”.
Aunque la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, haya considerado que los autores “posiblemente desconozcan” las leyes de concordia, lo cierto es que el informe analiza de manera pormenorizada cada uno de los puntos de las nuevas normas y los compara con las anteriores o todavía vigentes leyes de memoria.
¿Qué dicen sobre cada comunidad autónoma?
Respecto al Proyecto de ley de Aragón, advierten, por ejemplo, de que “no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975) sino que se refiere a las ‘atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil’, mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada ‘Segunda República’ que le antecedió (1931-1939)”. Esta ley, además, “suprime numerosas entidades y actividades de memoria histórica”.
Sobre la ley presentada en Castilla y León, destacan que “suprime la palabra ‘dictadura’ para referirse al periodo histórico del franquismo” y añade unas modificaciones respecto a la “investigación, localización, exhumación e identificación de víctimas” que “podría obstaculizar el acceso a la verdad sobre el destino y paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas”. También esta norma “invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista”.
Por último, su estudio sobre la ley presentada en la Comunidad Valenciana concluye que reconocer el mismo régimen de protección a las víctimas del franquismo que a ‘las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e islámico’ […] desvirtúa” la memoria histórica y elimina “el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de centenares de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista”.
