Imagen: Alberto González Amador en imagen de archivo. (EFE/Rodrigo Jiménez)
El comisionista Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, amenaza con reclamar en los juzgados 415.000 euros a una decena de miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE y Más Madrid a los que acusa de difamarle tras pronunciarse públicamente sobre el fraude fiscal que él ha reconocido.
En la nómina de demandados por González Amador figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cinco ministros —María Jesús Montero, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Diana Morant y Óscar López—; el diputado socialista Javier Zaragoza; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. También ha denunciado a dos formaciones políticas: el PSOE y Más Madrid.
La mayor cuantía, un total de 100.000 euros, es la que González Amador amenaza con exigir al jefe del Ejecutivo, a quien le ha reclamado que se retracte tras haberle llamado “delincuente”. Si no lo hace, interpondrá contra él una querella por injurias y calumnias en la que le reclamará la citada cantidad, según la solicitud de conciliación presentada por el comisionista en los juzgados de Madrid, revelada por El Mundo. La solicitud de acto de conciliación es un acto previo a la presentación de una querella.
Las declaraciones que motivan la iniciativa del empresario se produjeron el pasado 17 de octubre, cuando Sánchez defendió al fiscal general del Estado tras la decisión del Tribunal Supremo de iniciar una investigación por la filtración de un correo relacionado con el caso de fraude fiscal del empresario. Sánchez afirmó que Álvaro García Ortiz había hecho su trabajo: “Perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo”. González Amador considera que esas declaraciones son una “infracción de los más elementales deberes” de “respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español”.
Dos ministras, las primeras demandadas
La ofensiva judicial del empresario contra los políticos de izquierda que se pronuncian públicamente sobre sus problemas con la Justicia se inició con la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que el empresario reclama 40.000 euros; y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que exige 20.000 euros. Los hechos se remontan al pasado marzo, días después de que elDiario.es revelara la existencia de la denuncia de la Fiscalía y que Ayuso y su pareja viven en un piso de un millón de euros que él compró tras el fraude fiscal.
El 12 de marzo, la vicepresidenta Montero fue preguntada por este asunto en el Senado y afirmó que esa revelación periodística requería que Ayuso diera “explicaciones” y actuara con transparencia “respecto a si está viviendo en un piso que se pagó con fraude de la Hacienda Pública y con las comisiones respecto a las mascarillas”. Por su parte, la ministra Rodríguez afirmó el 19 de marzo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “la mayoría de españoles y españolas no cometen delitos para acceder a la vivienda”.
