El pasado lunes 15 de julio, PSOE, Sumar y Coalición Canaria (CC) registraron una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería en respuesta a la crisis migratoria en Canarias, donde más de 6.000 menores inmigrantes no acompañados superan la capacidad de acogida, fijada en 2.000 plazas. La reforma introduce el concepto de «situación de contingencia migratoria extraordinaria», aplicable solo en Canarias, Ceuta y Melilla, lo que ha generado un fuerte desacuerdo con el Partido Popular (PP).
La reforma plantea que la «contingencia migratoria extraordinaria» se active cuando el número de estos menores no acompañados supere el 150% de las plazas disponibles. En Canarias, con 2.000 plazas reconocidas, la emergencia se declararía al superar los 3.000 menas. En Melilla, con 166 plazas, la sobreocupación se establece a partir de 249, y en Ceuta, con 88 plazas, el límite sería 132. Actualmente, ambas ciudades autónomas ya albergan cerca de 400 menores.
Al declararse la contingencia, los menores excedentes deberán ser trasladados a otras comunidades autónomas. La ley establece que los menores que ya se encuentran en estos territorios sean redistribuidos en un plazo de un año desde su aprobación. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que incluye al Gobierno y a las autonomías, acordará los criterios para esta distribución. Si el nuevo modelo no se aprueba en tres meses, se aplicarán las normas pactadas en 2022.
El texto también estipula que los nuevos menores que lleguen serán inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y transferidos a otra comunidad en un plazo de 15 días. Si existen dudas sobre la edad del menor, las comunidades receptoras serán responsables de realizar las verificaciones necesarias.
El Partido Popular ha criticado la reforma por ser unilateral y carecer de un plan integral de política migratoria. El PP exige que la declaración de emergencia migratoria no se limite a Canarias, Ceuta y Melilla, sino que se extienda a todo el territorio nacional. Esto permitiría que cualquier comunidad que enfrente sobreocupación pueda derivar menores a otras regiones de España.
Además, el PP demanda un compromiso financiero del Gobierno mediante un fondo de contingencia plurianual y que todas las comunidades autónomas, sin excepción, participen en el reparto. Esta exigencia surge ante la negativa de Cataluña a acoger menores, lo que el PP considera injusto e insolidario. La negativa del Gobierno a convocar una Conferencia de Presidentes, donde se debería debatir la reforma, ha sido vista por el PP como una maniobra para ocultar la postura de los socios del Gobierno, especialmente en Cataluña.
La ministra Sira Rego, junto a Patxi López y Fernando Clavijo, presentaron la proposición de ley. Rego destacó la necesidad urgente de abordar la crisis en Canarias y mejorar la gestión de los menores extranjeros en situaciones de sobreocupación. Sin embargo, la falta de un plan integral y la declaración de contingencia limitada a solo algunas regiones son puntos de fricción significativos que impiden el consenso.
