Barcelona eleva al máximo su control para imponer el catalán en todos los ámbitos posibles. Ahora ha decidido que va a crear una “policía lingüística” con el fin de multar a todos los comercios que no atienden a sus clientes o rotulen en catalán.
Estos agentes serán inspectores municipales que verificarán si los negocios tienen todos los permisos en regla y si cumplen con las normativas requeridas. También tienen entre sus obligaciones comprobar que acatan sus “obligaciones lingüísticas”. El Partido Popular ha denunciado que el Ayuntamiento de Barcelona y su alcalde, Jaume Collboni: “tarda hasta 1000 días en otorgar una licencia de actividad. En cambio, ha decidido poner en marcha una policía lingüística para multar inmediatamente los negocios que no hablen en catalán. En lugar de perseguir delincuentes, el PSC se dedica a perseguir a los castellanohablantes”.
Éste hace alusión al nuevo plan municipal de inspecciones 2024-2027 que está elaborando el Ayuntamiento de Barcelona. El partido independentista catalán exigió que se incluyera como “prioritario” de la actividad inspectora “el uso de la lengua catalana”, en definitiva, que se incluya “la vulneración de derechos lingüísticos” en comercios dentro de ese plan integral de inspección.
Esta policía funciona como unos inspectores del Ayuntamiento de Barcelona
El concejal Jordi Castellana ha denunciado que empresas y entidades privadas están negando atención a aquellas personas que desean continuar comunicándose en castellano. Castellana, de ideología republicana, expresó su preocupación por la situación y mencionó que existen datos alarmantes que respaldan su afirmación.
Según estos datos, el uso del catalán es la cuarta causa de discriminación, según las denuncias que llegan al Ayuntamiento. Por otro lado, según la encuesta de usos lingüísticos de 2018, un 40% de establecimientos comerciales de Barcelona “no usan nunca el catalán a la hora de atender a sus clientes”. Para Castellana, ante este panorama, no es sólo importante que se tramiten las denuncias que se puedan presentar, que también, sino también que ese plan de inspecciones “detecte situaciones que, si no, no se detectarían”.
El objetivo será que la inspección municipal tenga en cuenta las cuestiones lingüísticas, más allá de lo que ya se hace actualmente, que es tramitar las quejas que llegan a la Oficina del Consumidor contra los comercios que no cumplen con la obligación de atender o rotular en catalán. Quejas que se trasladan a la Agencia Catalana de Consumo, que es la entidad responsable, apuntaba Gay, “de la inspección y de la sanción si detecta cualquier vulneración de la norma”.
