Imagen: ministro de Economía, Carlos Cuerpo I Europa Press
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha conseguido implementar la reducción la jornada laboral de 37,5 horas semanales. Aunque aspiraba a que la medida entrara en vigor de forma generalizada en 2025, el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO y UGT establece un plazo adicional para las empresas, que tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios. De este modo, la obligatoriedad no será efectiva hasta el 1 de enero de 2026.
El texto incluye una disposición transitoria que permitirá a las compañías implementar el nuevo horario de forma progresiva durante el próximo año, siempre que el acuerdo supere los trámites legislativos sin mayores contratiempos.
Un proceso legislativo complejo
Antes de su llegada al Congreso, el acuerdo deberá ser validado por el Consejo de Ministros y pasar el filtro de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), presidida por Cuerpo. Este órgano será clave para ajustar los detalles técnicos de la norma, ya que cuenta con informes de impacto económico que refuerzan la posición de Economía de apostar por una implementación gradual.
Desde el Ministerio de Economía consideran fundamental “acompañar a las empresas” en la transición hacia la nueva jornada laboral. Esta postura busca evitar que una aplicación abrupta comprometa los apoyos necesarios en el Parlamento, donde se anticipa un difícil proceso de negociación.
Las ayudas a las pymes, una carta en la negociación
Cuerpo no descarta recuperar incentivos económicos, como las bonificaciones a la contratación y ayudas directas, para facilitar la implementación del cambio. Estas medidas, originalmente propuestas por Díaz en negociaciones previas con la CEOE, podrían ser utilizadas para atraer el respaldo de grupos parlamentarios clave como Junts y PNV.
En Trabajo, aunque son conscientes de la necesidad de ceder en ciertos aspectos, consideran que las ayudas a las pymes, valoradas en 375 millones de euros provenientes de fondos europeos, podrían desbloquear acuerdos con sectores más conservadores del arco parlamentario.
Diferencias internas en el Gobierno
El principal punto de discordia entre Trabajo y Economía ha girado en torno a los plazos. Mientras Díaz abogaba por una entrada en vigor inmediata tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, Cuerpo insistió en establecer un periodo de transición para permitir a las empresas ajustar sus convenios y calendarios laborales. Finalmente, prevaleció la posición de Economía, fijando como fecha límite el 1 de enero de 2026.
A pesar del retraso, Díaz aseguró esta semana que la reducción de la jornada será una realidad para “todos los españoles en diciembre de 2025”. Sin embargo, dentro del propio Gobierno algunos consideran que la ministra está “sobreactuando” para disimular que su propuesta estrella llegará más tarde de lo previsto en su plan original, que contemplaba una transición escalonada a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025.
