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21 Jul 2024
21 Jul 2024
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La relación millonaria de Illa y las mascarillas

El exministro de Sanidad pagó un 3.500% más por las mascarillas de una empresa chipriota

Imagen: JOSE RAMON LADRA – R.c.

Un contrato de más de nueve millones

Uno de los ejemplos más notorios es el contrato de más de 9 millones de euros otorgado a un bufete de abogados con solo cuatro empleados en Nicosia, Chipre, para la compra de mascarillas quirúrgicas en pleno apogeo de la crisis sanitaria. Según el diario Vozpópuli, El Ministerio de Sanidad pagó a esta empresa, Danbury Enterprises, un 3.500% más que lo que desembolsaba por el mismo producto a empresas españolas en el mismo período.

El contrato, firmado en abril de 2020, estipulaba un precio de 7.800.000 euros por las mascarillas y 1.380.500 euros adicionales por el transporte del material, sumando un total de 9.180.500 euros. En total, se adquirieron 13 millones de mascarillas quirúrgicas a este bufete chipriota, a un costo unitario de 70 céntimos, significativamente superior al ofrecido por empresas españolas.

Este episodio contrasta con contratos mucho más modestos con empresas nacionales como Suministros Hospitalarios, que proveía mascarillas a un precio de 2 céntimos por unidad, es decir, 35 veces menos que la firma extranjera contratada por el Ministerio de Sanidad.

Justificación de INGESA y la posición de Vox

La justificación del entonces director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso Jiménez, en el contrato, apuntaba a que la empresa seleccionada respondería adecuadamente a la situación de emergencia sanitaria. Sin embargo, la adjudicación fue objeto de críticas y denuncias por parte de Vox, que cuestionó la viabilidad y la legalidad del proceso de selección.

Vox resaltó que la empresa adjudicataria tenía solo cuatro empleados y su actividad principal era la abogacía, planteando dudas sobre su capacidad para cumplir con las exigencias del contrato. Además, señaló irregularidades en la publicación inicial del contrato en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde la dirección de la empresa adjudicataria fue inicialmente omitida y posteriormente corregida.

La falta de competencia en el proceso de licitación y el elevado costo de las mascarillas quirúrgicas adquiridas llevaron a que numerosos contratos firmados durante la gestión de Salvador Illa fueran remitidos desde Anticorrupción a la Fiscalía Europea. Estos episodios subrayan la necesidad de una mayor transparencia y control en las adquisiciones realizadas por el Gobierno durante la pandemia.

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