La propuesta de Yolanda Díaz de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 50 euros mensuales, situándolo en 1.184 euros, ha suscitado críticas desde distintos sectores económicos, en particular por sus efectos adversos en el empleo, las pequeñas empresas y la competitividad del país.
Uno de los puntos más controvertidos es el impacto en el empleo. Según datos aportados por la CEOE, en los últimos cinco años se han perdido 174.000 empleos en sectores como la agricultura y el régimen del hogar, donde la mayoría de trabajadores perciben el SMI. Esta cifra refleja cómo el aumento sostenido del salario mínimo puede haber afectado la capacidad de estas áreas para mantener su nivel de contratación.
Además, se ha reportado una disminución de 50.000 empresas con cuentas de cotización desde 2019, un indicio de que muchas pequeñas y medianas empresas están luchando por absorber los costes derivados de estas subidas. Esto se traduce en una creciente dificultad para mantener su viabilidad económica y competir en un entorno globalizado.
Costes adicionales para las empresas
El incremento propuesto supondrá más de 1.000 euros anuales adicionales por trabajador debido al aumento del salario base y las cotizaciones sociales, según la patronal. Este incremento resulta especialmente gravoso para las pequeñas empresas, que constituyen el grueso del tejido empresarial español. Para ellas, estos gastos adicionales pueden ser desproporcionados y comprometer su capacidad para realizar inversiones, contratar personal o incluso mantenerse operativas.
La CEOE ha señalado que esta medida debería ir acompañada de una actualización de los contratos públicos para ajustarlos al nuevo SMI, algo que el Gobierno no ha garantizado. Sin este ajuste, muchas empresas que trabajan bajo contratos vinculados al sector público podrían enfrentar serias dificultades financieras.
Desde el Ministerio de Economía, se ha enfatizado que cualquier subida del SMI debería estar alineada con el crecimiento económico general y la evolución de los salarios del mercado laboral. Sin embargo, este incremento del 4,4% supera el crecimiento salarial promedio pactado en convenio, que en 2024 se situó en 3,07%, según los datos más recientes.
Esta desconexión puede generar tensiones en la estructura salarial del país, erosionando la competitividad de las empresas españolas en un contexto de inflación elevada y ralentización económica.
Otro efecto colateral de esta medida es el aumento de las obligaciones fiscales para quienes perciben el salario mínimo. Sin un ajuste en el IRPF, los beneficiarios del SMI podrían verse obligados a presentar la declaración de la Renta, lo que, en muchos casos, supone una carga burocrática y económica adicional. Aunque el Ministerio de Trabajo ha solicitado al Ministerio de Hacienda realizar este ajuste, todavía no hay confirmación de que se llevará a cabo.
Un fracaso en el pasado
El informe del Instituto Juan de Mariana en 2024 señalaba que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, incrementado un 73% desde 2016, han generado exclusión laboral significativa, afectando especialmente a trabajadores de menor cualificación. Según el estudio, este aumento ha evitado la creación de 210.000 empleos entre 2018 y 2023, cifra que podría alcanzar 270.000 en 2024. Las pequeñas y medianas empresas, principalmente en provincias con economías más frágiles, son las más perjudicadas, dado que el SMI supera el 65% del salario medio en 26 provincias, con picos del 75% en regiones como Ávila, Murcia y Alicante.
En sectores de baja productividad, el SMI impacta negativamente, limitando el empleo en tareas elementales, como servicios callejeros o limpieza. Mientras tanto, en actividades de mayor remuneración, su efecto es nulo. A nivel europeo, España tiene el segundo SMI más caro relativo a la productividad, superado solo por Francia. El informe criticó duramente que estas medidas, impulsadas por Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, amplían la brecha de exclusión laboral, afectando a los colectivos más vulnerables, y subraya que los beneficios percibidos por estas políticas no compensan los costos en términos de empleo.
