La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ha vuelto este martes a la Diputación de Badajoz en busca de más documentación relacionada con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2017.
La investigación, que se centra en posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y delitos contra la Hacienda pública, ha llevado a los agentes a indagar más a fondo en los correos electrónicos de varios funcionarios clave, incluido José Ramón Suárez, jefe del Servicio de Administración de Recursos Humanos, quien habría participado en la redacción de las bases del concurso por el cual David Sánchez fue contratado.
El proceso se inició el 10 de julio, cuando la UCO realizó un volcado de las cuentas corporativas de David Sánchez y otros ocho funcionarios y políticos, incluido el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien también ocupa el cargo de secretario general del PSOE en Extremadura. No obstante, un fallo informático provocó la pérdida de información correspondiente a dos años, lo que obligó a los agentes a retomar la investigación esta semana.
Los registros de la UCO buscan el contrato de David Sánchez
La denuncia, presentada por el sindicato Manos Limpias, señala numerosas irregularidades en la contratación de David Sánchez, quien ocupa el cargo de coordinador de Actividades de los Conservatorios, posteriormente transformado en jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Según la acusación, Sánchez estaría recibiendo un salario superior a 50.000 euros anuales sin acudir a su puesto de trabajo, además de haberse trasladado a Portugal para evitar pagar impuestos en España. La Agencia Tributaria ha dejado claro que, aunque resida en otro país, si su fuente principal de ingresos está en España, debe presentar su declaración de la renta en el país.
La orden judicial que permitió a la UCO registrar la Diputación es contundente. Los investigadores sospechan de la existencia de “actos preparatorios” para crear y adjudicar el puesto de trabajo a David Sánchez.
Además, se han detectado otras irregularidades, como la falta de un despacho propio para Sánchez durante un año, a pesar de su posición directiva. Fue en mayo de 2023, coincidiendo con el inicio de las investigaciones, cuando se le asignó finalmente una oficina, lo que ha generado aún más sospechas.
El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, supervisó personalmente la adecuación de la nueva oficina, mientras que anteriormente, Sánchez había trabajado “de forma puntual” en diferentes estancias del Palacio Provincial.
