La jueza que investiga a David Azagra ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a regresar a la Diputación de Badajoz para realizar un nuevo volcado de los correos electrónicos del músico tras haber detectado vacíos en los registros obtenidos inicialmente.
En un auto firmado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, se ha ordenado a la Guardia Civil presentarse nuevamente en la Diputación en busca de los correos corporativos de David Azagra, hermano del presidente del Ejecutivo. La juez ha considerado necesario volver a recabar estos correos al confirmarse un error en la documentación intervenida durante el registro realizado el pasado 9 de julio.
La UCO informó al juzgado el 16 de julio que las cuentas de correo intervenidas se habían descargado y almacenado en dos discos duros, uno bajo custodia policial y el otro en el juzgado. Posteriormente, solicitaron autorización a la juez para desprecintar uno de los discos duros y volcar nuevamente los correos. Al realizar esta operación, comprobaron que los correos de los empleados de la Diputación coincidían con lo requerido en cuanto al espacio temporal.
Cabe recordar que la juez solicitó todos los correos electrónicos del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, de seis empleados del ente y de David Azagra. La instrucción abarca las comunicaciones intercambiadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. En el caso específico de Azagra, el espacio temporal se extiende hasta la actualidad.
Aunque no se detectaron problemas en las cuentas oficiales, la UCO determinó que en la cuenta de Azagra existían “espacios temporales amparados por el mandamiento judicial que no muestran contenido” debido a “errores informáticos”. Por ello, los agentes solicitaron realizar un nuevo volcado de esta documentación.
La UCO registra de nuevo la Diputación de Badajoz
En respuesta, la juez ha dictado un auto el 18 de julio ordenando a la UCO regresar a la Diputación de Badajoz para ejecutar la diligencia. Además, ha informado a la Fiscalía y a las partes implicadas, advirtiendo que están obligados a colaborar.
La juez ha ordenado comunicar a los responsables del sistema informático y de las bases de datos que deben facilitar la colaboración necesaria a los agentes investigadores para llevar a cabo la medida y acceder al sistema. “La intervención de las comunicaciones electrónicas se hará directamente por agentes de la UCO desplazados al efecto a las dependencias de la Diputación Provincial, quienes estarán obligados a prestar toda la ayuda técnica necesaria que sea requerida”, ha ordenado la juez.
