Menos de una semana antes de que se celebraran las elecciones europeas el pasado 9 de junio, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) pidió al Ministerio de Transición Ecológica, liderado en aquel entonces por Teresa Ribera, que aportara el expediente completo de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de la mercantil Villafuel.
El requirimiento de la Guardia Civil al ministerio de Teresa Ribera tuvo lugar pocos días antes de que se celebrasen las elecciones europeas y la ministra socialista abandonase su cargo para comenzar una nueva etapa en el Parlamento Europeo, donde se encuentra actualmente.
La solicitud de la UCO partió inicialmente de una decisión de Fiscalía Anticorrupción, que llevaba varios meses investigando la trama de los hidrocarburos. Esta investigación comenzó por una alerta en los informes de la Agencia Tributaria. El Ministerio de Transición Ecológica respondió el día 4 de junio, un día después de la petición. El encargado de presentar el expediente completo fue subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, que aportó a los agentes un pendrive con 132 MB de información sobre la mercantil dividida en 11 carpetas.
La investigación a Villafuel comenzó por una alerta de la Agencia Tributaria
Según señalan informes de la UCO, en enero de 2021 la empresa controlada por uno de los socios de Aldama, Claudio Rivas, y su hermana, María Luisa Rivas, tuvo que presentar alegaciones en varias ocasiones ante la Agencia Tributaria para poder corregir errores que le impedían obtener una licencia que le permitía convertirse en operador mayorista de productos petrolíferos.
Rivas nunca obtuvo la licencia a pesar de presentar correcciones en varias ocasiones. Los agentes de la UCO sospechan que, para poder obtenerla, de Aldama se puso en contacto con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
La Agencia Tributaria fijó su interés en Villafuel después de que comenzase a operar, debido a que esta no cumplía con las condiciones fijadas por Hacienda. Superaba en un 29% las ventas en el grupo de las gasolinas aprobadas por el departamento de Ribera y en un 882% en el grupo de los destilados medios.
Según The Objective, la UCO revela en sus informes graves irregularidades en la concesión, ya que se habría otorgado “sin requisitos financieros” suficientes. Villafuel recibió la habilitación cuando contaba con un capital social inferior a los 600.000 euros, muy lejos de los tres millones necesarios. Los agentes investigan si la trama contó con el favor de “órganos administrativos o de inspección”.
