La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando el caso Koldo y ha elaborado un informe que será enviado a la Fiscalía Anticorrupción. Este informe incluye una lista de pruebas que vinculan al exministro José Luis Ábalos con la trama de corrupción.
La UCO ha manifestado que, según la información recopilada, no tienen ninguna duda sobre la gravedad de las pruebas contra Ábalos. Los agentes consideran que la información contenida en el informe es lo suficientemente sólida como para justificar la presentación de una exposición razonada ante el Tribunal Supremo. En el informe se solicita formalmente que se impute al socialista por su participación directa en la trama durante su tiempo como ministro de Transportes.
El medio The Objective ha indicado que el informe es muy detallado y proporciona pruebas suficientes para respaldar la solicitud al Tribunal Supremo. Según el informe, se demuestra con «pruebas» que varias empresas pagaron «mordidas» a José Luis Ábalos a cambio de favores mientras él ocupaba el cargo ministerial.
Los dos contratos que la UCO investiga
Las posibilidades de que el juez impute a José Luis Ábalos en el caso Koldo están aumentando, y las controversias en torno al caso siguen surgiendo. Algunos de los principales implicados en la trama han señalado al exministro como el «súper jefe». El reciente informe redactado por la Unidad Central Operativa (UCO) señala directamente a Ábalos, y ha sido elaborado tras un exhaustivo análisis de documentos y del USB incautado durante los registros realizados en febrero de este año, cuando se hizo público el inicio de la investigación.
El caso Koldo se centra en la investigación de dos contratos relacionados con la compra de material sanitario, específicamente mascarillas, durante la pandemia de Covid-19. El primer contrato en cuestión corresponde a la adquisición de ocho millones de mascarillas por parte de la empresa pública Puertos del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Transportes. Este contrato fue adjudicado el 21 de marzo de 2020 y tuvo un coste total de 20 millones de euros.
El segundo contrato investigado por la UCO fue otorgado al gestor ferroviario ADIF, también bajo la dependencia de Ábalos. Este contrato, para la compra de mascarillas a la misma trama, tuvo un valor de 12,5 millones de euros.
