El juez Juan Carlos Peinado ha encargado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que redacte un informe nuevo sobre la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha remitido al Instituto Armado nueva información enviada desde la Universidad Complutense de Madrid relacionada con la cátedra concedida a la mujer del presidente del Gobierno y, sobre todo, del software registrado bajo el nombre del máster de Begoña Gómez, Transformación Social Competitiva.
La universidad madrileña ha enviado al juzgado número 41 un total de tres escritos, del 1, 7 y 24 julio, en los que ponen a disposición del juez Peinado información relativa a las cátedras extraordinarias concedidas por la UCM y la relación contractual de la entidad con Begoña Gómez. Entre la información enviada desde la UCM, destaca que el número de cátedras que se han abierto hasta julio de 2024 asciende a un total de 53 convenios de cátedra extraordinarias, aunque ni rastro de los currículum de sus directores, entre ellos el de Begoña Gómez.
En relación a la nueva información remitida desde la UCM, también se ha conocido que se destinaron 100.000 euros para abrir la cátedra de Begoña Gómez. Para su creación y desarrollo, Gómez contó con la colaboración de Indra, Google y Telefónica y registró la plataforma en la Oficina Española de Patentes y Marcas a su nombre, lo que hizo saltar todas las alarmas.
La UCM alerta al juez de que Begoña Gómez no cooperaba en la investigación
A través del aval de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Peinado admitió a trámite una querella presentada por la asociación Hazte Oír. Así decidió imputar a la esposa del presidente del Gobierno por presunto delito de apropiación indebida e intrusismo. Ahora, Peinado, con la declaración de Begoña Gómez fechada para el próximo 18 de noviembre en la sombra, da un impulso a la causa con el requerimiento de un nuevo informe a la UCO.
Por su lado, la Complutense, tras conocerse la imputación e investigación a la UCM, alertaron de que Begoña Gómez no “cooperaba” a la hora de “averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de esta administración universitaria” a través del máster codirigido por la principal investigada. Posteriormente, la Complutense pidió al juez que investigue si Gómez pudo incurrir en un delito de “apropiación indebida” al encontrar la Universidad indicios de ello.
Entre los documentos aportados, destacaban tres facturas relativas a la licitación de contratos y gastos celebrados en torno a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, sobre los que Gómez no ha aportado información a la Universidad.
