La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personó en el Ministerio de Transportes el pasado miércoles por orden del magistrado Ismael Moreno, a quien ya le han sido entregados varios informes y un USB confiscados durante las pesquisas de los agentes.
En un oficio de la UCO, al que ha tenido acceso el medio Vozpopuli, se detalla que el mismo día que el juez ordenó que se abrieran diligencias en el caso Koldo, varios agentes pertenecientes a la Guardia Civil se presentaron en la sede del Ministerio, con el fin de requerir todo el material que estuviera vinculado a la compra de mascarillas que hizo el departamento cuando José Luis Ábalos era ministro, y que se investiga dentro del marco del caso Koldo.
El pasado 28 de agosto los agentes de la UCO entraron a la sede localizada en el Paseo de la Castellana, donde les recibió la directora del gabinete del ministro de Transportes, Encarna Sandonís. Una vez allí, Sandonís remitió a los agentes a la Dirección General de Organización e Inspección, donde les reenvió Belén Villar, su subdirectora. Fue ella quien entregó a los agentes el informe de auditoría sobre los primeros contratos que se hicieron con la empresa de la trama Koldo y un USB.
Ábalos podría ser imputado en el caso Koldo
El informe de auditoría entregado a los agentes, lo hizo público tiempo más tarde Óscar Puente, el cual pone en el foco de la investigación a Ábalos y le relaciona con las primeras órdenes de compra con la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Según señala Vozpopuli, este documento señala al exministro Ábalos por adjudicar a esta empresa los contratos de emergencia en los primeros compases de la pandemia y en el marco de los cuáles medió el comisionista Víctor de Aldama.
El contenido de este informe explicaría que la primera orden de compra de las mascarillas fue el 20 de marzo de 2020 por la que Puertos del Estado adquirió ocho millones de mascarillas (que en principio iban a ser cuatro) por 20 millones de euros y una segunda orden de 26 de marzo por la que se adquirió un segundo lote a la empresa que controla Juan Carlos Cueto. La primera compra la ejecutó Puertos del Estado y la segunda Adif; ambos entes dependientes del Ministerio de Transportes, según señala el medio.
