La Universitat de València, el pasado 29 de octubre, suspendió las clases por la DANA con información “de la que podría disponer cualquier institución que se mantuviese atenta a los avisos de los organismos públicos”. Así lo detalla Justo Herrera, coordinador del Comité de Emergencias de la UV y vicerector de Economía e Infraestructuras en un informe remitido por la institución académica a la jueza instructora de la causa.
El informe detalla que el Comité de Emergencias de la Universidad de Valencia se constituyó el lunes 28 de octubre, un día antes de las lluvias, a las 10:00 horas. Ese mismo día, a las 10:28 horas, valoraron la posibilidad de suspender las clases para evitar desplazamientos y uso de servicios de transportes. A las 19:49 horas es cuando deciden activar el nivel 2 de Emergencias y suspenden las clases.
El día 29, el Comité de Emergencias de la UV se reúne para evaluar daños y activan el nivel 3 de Emergencias, que supone la suspensión también de la actividad universitaria presencial (docente, administrativa, investigadora, cultural y deportiva).
Este informe supone un duro golpe para el Consell, ya que la UV asegura que manejaba información pública para adoptar estas medidas. Esta información la generaban las “instituciones competentes en las materias objeto de la emergencia” y cita explícitamente los “avisos” de la Aemet y de la propia Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana. “No dispuso de más información que esa”, apostilla el informe.
Pradas niega que existiera un “mando único”
La defensa de la exconsellera de Interior de la Generalitat Salomé Pradas ha negado que hubiera un “mando único” en la gestión de la dana y ha calificado de “absolutamente inadmisible que se seleccione como cabeza de turco” a su representada “con la pretensión de poder atribuirle la responsabilidad penal” de los fallecimientos.
El documento presentado por la exconsellera afirma que el auto de la magistrada parte de un “apriorismo” al atribuir “exclusivamente” a la Generalitat la responsabilidad de “alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias” de la tragedia.
De forma paralela, el exsecretario autonómico de Emergencias en dicho departamento Emilio Argüeso, también investigado en el mencionado proceso judicial, ha presentado otro recurso contra su imputación en el que recuerda que “el 112 no llegó a enviar mensaje alguno al Cecopi” en toda la jornada de la dana, momento en el que actuó “con una encomiable diligencia” en el ejercicio de su cargo.
El recurso expone que en las llamadas de víctimas se aprecia que “llamaban al 112, organismo que depende de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias” y cuya gestión está asignada a “la jefa de Servicios de Coordinación de Emergencias”.
