El portal Idealista informó que en 2024 los precios de los alquileres subieron un 11,5%, y se prevé un incremento adicional de entre el 7% y el 10% en 2025. Esta tendencia afecta particularmente a los menores de 35 años, muchos de los cuales deben resignarse a compartir piso o vivir con sus padres. Según Eurostat, casi el 86% de los jóvenes en España aún reside en el hogar familiar, muy por encima del promedio europeo.
La compra de vivienda también se ha convertido en un lujo reservado para unos pocos. En 2002, el 66% de los hogares con cabeza de familia menor de 35 años tenía una vivienda en propiedad. Hoy, esa cifra ha caído al 32%. Además, el acceso al crédito hipotecario es cada vez más complicado, y los jóvenes solo representan el 6% de la deuda total para vivienda, según datos del Banco de España.
Mientras tanto, el aumento de las tasas de interés y los salarios más bajos han profundizado esta crisis. Según un estudio de Funcas, los ingresos reales de los jóvenes son un 20% inferiores a los de la generación anterior, a pesar de tener más formación y acceder a empleos de mayor valor añadido. Esta brecha económica agrava la brecha generacional, ya que los jubilados han visto aumentar sus ingresos en un 41% en las últimas décadas.
Movilización social y demandas de cambio
Ante esta situación, miles de jóvenes han salido a las calles para exigir soluciones. En Madrid, una multitudinaria manifestación por el derecho a la vivienda congregó a más de 22.000 personas, según cifras oficiales, aunque los organizadores elevaron la cifra a 100.000. Bajo el lema «La vivienda es un derecho, no un negocio», los manifestantes denunciaron la especulación inmobiliaria y la inacción gubernamental.
El manifiesto leído durante la marcha destacó cómo el acceso a la vivienda se ha convertido en un mercado lucrativo para bancos, corporaciones y rentistas. Los manifestantes exigieron medidas como la ampliación del parque público de vivienda, topes al precio del alquiler y sanciones a las propiedades vacías.
Medidas insuficientes
El Gobierno ha implementado algunas iniciativas, como la limitación del incremento de los alquileres al 2,2% y la creación de un registro para regular las viviendas turísticas. Sin embargo, estas medidas tienen un impacto limitado y no abordan el problema estructural de fondo. La falta de vivienda asequible sigue siendo una emergencia económica y social, con un futuro incierto para las generaciones más jóvenes.
En un país donde la economía crece a un ritmo destacado, los jóvenes siguen siendo los grandes perjudicados. Mientras el acceso a una vivienda digna se mantenga como un lujo, la promesa de un progreso intergeneracional continuará rompiéndose, dejando a toda una generación atrapada en un callejón sin salida.
