En 2024, las víctimas mortales por violencia de género alcanzaron las 47, una cifra inferior a las 58 de 2023, aunque todavía similar a las de 2021 (49) y 2022 (50). Este descenso no es significativo, especialmente porque los datos no son definitivos. El lunes, se sumó un nuevo caso en Madrid: una mujer paraguaya de 29 años fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre dominicano de 60 años. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género continúa recabando información sobre este último crimen.
Francisca Redondo, ministra de Igualdad, insiste en culpar al machismo y al «negacionismo» de estos feminicidios. Según declaró a RTVE, «el negacionismo envalentona al machista, le da argumentos y fuerza para exteriorizar su violencia». Sin embargo, Elena del Pilar Ramallo, experta en violencia de género, considera que las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez son ineficaces y están ancladas en la confrontación social. Según Ramallo, la falta de coordinación entre administraciones y la repetición de las mismas medidas explican la escasa variación en los resultados. Además, critica que Redondo ignore ciertos factores culturales y biológicos que influyen en estos delitos.
Por otro lado, la violencia sexual sigue en aumento. Según datos oficiales, las violaciones subieron un 6,6 % respecto al año anterior. En 2017 se registraron 2.136 casos; en 2019, 3.079; en 2022, 4.270; y en 2023, 4.890. Para 2024, se estima que los casos alcanzan los 5.258. Mientras el Ministerio del Interior atribuye este incremento a una mayor disposición de las víctimas a denunciar, criminólogos como Alberto Rodríguez discrepan, calificando esta explicación de «excusa». Rodríguez sostiene que no se puede justificar el aumento continuo de un delito tan grave con cambios sociológicos recientes.
La situación es especialmente alarmante en el corredor mediterráneo, liderado por Cataluña, donde las agresiones sexuales superan las 16 por cada 100.000 habitantes. La concentración de casos coincide con regiones que cuentan con una elevada población inmigrante. Rodríguez apunta que ciertas culturas normalizan la violencia contra la mujer, lo que se traduce en comportamientos que escalan hasta convertirse en delitos graves. También menciona una «cifra negra» de casos leves, como el acoso en espacios públicos, que rara vez son denunciados y que, al carecer de consecuencias, propician la reincidencia.
El incremento de la violencia contrasta con los elevados presupuestos destinados al Ministerio de Igualdad. Este año, han salido a la luz dos escándalos que cuestionan la eficacia de estos fondos. El primero involucra a la exdirectora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, cesada tras beneficiarse de adjudicaciones a empresas vinculadas a ella. El segundo se refiere al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde se detectaron hasta 130 casos de presunta malversación. Fondos destinados a prevención y apoyo a víctimas terminaron en actividades ajenas al propósito inicial, como talleres de maquillaje o pasos de peatones arcoíris.
